El anuncio hecho este martes por el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, en el sentido de crear un comando anticorrupción y un grupo especializado de inteligencia para combatir este flagelo es bienvenido. También lo es el lanzamiento de una campaña en favor de una cultura de la legalidad, con el fin de incitar la colaboración ciudadana.
Y es que diferentes sondeos dejan en claro que este es uno de los temas respecto del cual los colombianos creen que las cosas están empeorando. Desde hace cerca de ocho años, la tendencia hacia el deterioro ha sido continua, una percepción negativa que golpea la propia legitimidad de la democracia.
Dentro de las explicaciones que dan los expertos sobre lo sucedido se encuentra la visibilidad de diversos escándalos, comenzando por el del carrusel de la contratación en Bogotá. Por irónico que suene, el destapar ollas podridas tiene como efecto colateral que la gente cree con mayor certeza que la plata pública se la están robando.
Al respecto, el mejor remedio posible es conseguir que la justicia opere en forma eficiente. Lamentablemente, ese no ha sido el caso en el país, al menos con respecto a los episodios más sonados, con lo cual la sensación de desamparo aumenta. Puesto de otra manera, se requieren sanciones ejemplares y rápidas.
Debido a ello, la administración debería tener presentes los dos lados de la ecuación. Aunque la presión sobre los corruptos se debe aumentar con el fin de ponerlos en retirada, la frustración también puede subir si el público considera que hay más crímenes sin castigo.
Esa es la razón por la cual el papel que deben jugar la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría debe ser activo, pues no pueden ser convidados de piedra en un esfuerzo que requiere determinación sin descanso.
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