No es de pequeña monta la polémica que sostienen el Gobierno de Juan Manuel Santos y la administración distrital en torno al comportamiento de la vivienda en Bogotá. Mientras el primero sostiene que la actividad edificadora ha caído, golpeando de paso la producción y el empleo, la segunda insiste en que ha aumentado.
Al respecto, vale la pena mirar las cifras que elabora Camacol, con base en datos oficiales. Según el gremio, ha tenido lugar un apreciable declive en las diferentes categorías, cuando el análisis se circunscribe al perímetro de la capital. En otras palabras, no se considera el comportamiento de los municipios aledaños y en particular de Soacha, en donde se adelanta una serie de macroproyectos.
Así, el lanzamiento de nuevas iniciativas (en unidades) pasó de 36.177 a 27.207 entre el 2011 y el 2012. En el caso de las iniciaciones, los números fueron 41.640 y 30.611, y en lo que hace a las ventas, el total fue de 43.185 y 33.533, respectivamente.
Pero más dramático todavía es el declive en el área que supuestamente le interesa más a Gustavo Petro: las soluciones para los más pobres. En lo que se refiere a Vivienda de Interés Prioritario, las iniciaciones cayeron a 1.240 el año pasado, casi una tercera parte de lo conseguido en el periodo precedente. Tampoco le va bien a la Vivienda de Interés Social, ubicada en el rango entre 70 y 135 salarios mínimos mensuales. En este caso, la reducción fue de 11.681 a 8.633 unidades en el 2012.
Todo lo anterior, demuestra que hay un problema. No solo la contracción es seria, sino que las metas fijadas por el Palacio Liévano para el cuatrienio actual parecen imposibles de conseguir. Ojalá eso lleve a la Alcaldía a reconocer la verdad y tratar de evitar que algo que va mal, llegue a ser peor.
