Así se desprende de las declaraciones dadas por el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien habló de, al menos, cinco acciones específicas.
Entre estas, la más visible sería la creación de la Superintendencia Delegada para el Consumidor de Edificaciones, adscrita a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Esta tendría el papel de proteger a los compradores de diversas construcciones, aparte de hacerles seguimiento a los curadores urbanos, que a su vez deberán presentar reportes periódicos al nuevo ente.
No menos importante es la labor de supervisión, que incluye tanto exigencias para que un tercero califique, de forma independiente, el cumplimiento de las especificaciones requeridas a un constructor, como la determinación de que el nivel profesional sea más elevado que el detectado hasta ahora.
En consecuencia, ello implica que los desarrolladores de una iniciativa dejarán de ser juez y parte, como había sido el caso.
Aparte de lo anterior, también se ha considerado la exigencia de pólizas de seguros de carácter obligatorio, con el fin de proteger al público. No menos importante es conseguir que los curadores sean técnicos, pues la designación de una tercera parte de los que operan en el país de manera provisional, es causa de mala espina.
Faltan, por supuesto, los detalles de lo que viene, al igual que una evaluación sobre el impacto en los costos y cronogramas de las nuevas reglas de juego.
Es obvio que la seguridad tiene que estar por encima de todo, pero el desafío gubernamental es que exista un esquema ágil, confiable y que funcione.