El contraste no podía ser más evidente. Al tiempo que los mercados financieros respiraban aliviados debido a la aprobación por un cómodo margen de un nuevo paquete de ajuste económico, en las calles de Atenas el aire era irrespirable.
La razón eran los gases lacrimógenos lanzados por la policía helénica para repeler a miles de manifestantes, quienes protagonizaron una jornada particularmente violenta que se extendió a barrios periféricos de la capital.
Esa dicotomía refleja el dilema de la nación mediterránea, colocada entre la espada y la pared. De un lado, las exigencias de una mayor austeridad por parte de la Unión Europea.
Del otro, el rechazo de la ciudadanía a más sacrificios que implicarán un recorte en el bienestar de millones de personas.
Convencidos de que no tenían salida, los legisladores prefirieron la primera opción. Esta incluye un alza en impuestos como los de renta e IVA, que en el caso de bares y restaurantes pasará del 13 al 23 por ciento. Al mismo tiempo, tendrá lugar un recorte en las nóminas públicas, al igual que en beneficios como pensiones y salud.
Adicionalmente, existe un ambicioso programa de privatizaciones que debería recaudar unos 50.000 millones de euros, un objetivo que es mirado con escepticismo.
Todo lo anterior le daría al fisco griego unos 78.000 millones de euros que son la contraparte a la ayuda de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional, que incluye préstamos por 110.000 millones de euros. De hecho, lo sucedido ayer permite la liberación de un tramo de 12.000 millones, con el cual se pueden atender vencimientos de deuda más cercanos. Ahora la pregunta que muchos se hacen –y con razón– es si eso será suficiente o serán necesarios más apretones en unos meses.
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