Según la calificación que se construye con base en opiniones y no en mediciones objetivas, el país recibió una nota de 36 sobre 100 y ocupa el puesto 94 entre 177 naciones evaluadas.
Cómo si eso fuera poco, estamos en el lugar 18 en el Hemisferio, a considerable distancia de Uruguay, cuyo puntaje fue de 75, siendo el más alto de América Latina.
Lo anterior para no hablar de Nueva Zelanda y Dinamarca, descritos como los Estados con mayor probidad del planeta y cuya nota asciende a 91.
La falta de avance del país no debería ser sorpresiva, desde el punto de vista de la opinión pública. Al fin de cuentas los sondeos revelan que un porcentaje ampliamente mayoritario de los interrogados considera que la situación de este flagelo no solo no ha mejorado, sino que ha dado marcha atrás.
Esto, a pesar de que en el plano legal se ha adoptado una legislación más estricta, que tipifica cómo delitos a ciertas prácticas.
No obstante, el lento avance de algunos procesos emblemáticos, como el del Carrusel de la Contratación en Bogotá, les hace creer a muchos que las cosas no han cambiado.
En consecuencia, es fundamental entender que no basta con modificar el marco normativo, si este no se traduce en castigos ejemplarizantes.
De lo contrario, la impresión generalizada continuará siendo la que el crimen, si paga.
Ese mensaje es particularmente válido, a la luz de la cercanía del proceso electoral del 2014.
Es incuestionable que los votantes desean una realidad diferente que se aleje del clientelismo y la práctica de la compra de votos. Falta ver si los aspirantes a Congreso y Presidencia, entienden el mensaje.