MARTES, 16 DE ABRIL DE 2024

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Carlos

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Brújula / Mejor ser precavidos

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio

Cuando se observan los problemas que enfrenta la conclusión de las obras de ampliación del Canal de Panamá, después de que el consorcio encargado de las mismas hiciera una reclamación que supera en más del 50 por ciento el valor inicialmente acordado, no faltan quienes se pregunten si algo parecido podría suceder en Colombia.

Al fin de cuentas, el país se ha embarcado en un programa de modernización de su infraestructura, que no tiene precedentes.

Por otra parte, una mirada a proyectos importantes en ejecución o ya realizados, muestra que los sobrecostos han sido la norma y no la excepción, tanto a nivel nacional como local.

Además, la llegada de decenas de firmas de las más diversas latitudes comprueba que el plan de inversiones genera interés en todas partes, pero exige que la idoneidad de quienes quieren una tajada del ponqué sea estudiada.

En consecuencia, la inquietud es válida, a pesar de las obvias diferencias que existen entre la vía interoceánica y una carretera de doble calzada.

Para decirlo con claridad, hay que tomar todas las precauciones del caso para que los contratos que se firman hoy no se conviertan en los litigios de mañana, mientras la ciudadanía vuelve a sufrir nuevas frustraciones por cuenta de trabajos que quedan inconclusos.

Al respecto, el Gobierno colombiano insiste que desde hace meses ha adoptado mecanismos para blindar los diferentes procesos licitatorios, particularmente en el caso de las concesiones de cuarta generación, valoradas en cerca de 50 billones de pesos.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, el filtro comienza en la etapa de precalificación y sigue en las siguientes.

Entre las provisiones a las que se deben someter los grupos en contienda se encuentran la garantía de seriedad de las ofertas, los cupos de crédito que evidencien la capacidad de hacer aportes de capital propio si son necesarios, pólizas de cumplimiento equivalentes al 15 por ciento del valor del contrato y una distribución clara de los riesgos.

Tales requisitos deberían servir para tranquilizar a la opinión, aunque no estaría de más seguir de cerca el desarrollo de los eventos en Panamá para tomar, todavía más precauciones, si fuera necesario. Así lo justifica el tamaño de la apuesta hecha por los colombianos.

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