Un verdadero escándalo es el que viene de estallar en Europa, después de que una serie de medios de comunicación, junto a una organización de periodistas independientes, diera a conocer los resultados de una investigación que abarcó 28.000 páginas de documentos. El tema en cuestión son los acuerdos tributarios firmados entre más de 300 multinacionales y el Gran Ducado de Luxemburgo, uno de los países más pequeños de la zona, que ostenta el ingreso por habitante más alto del Viejo Continente.
En pocas palabras, la pesquisa muestra que la nación que es parte de la Unión Europea se ha convertido en un paraíso fiscal. Aunque sus autoridades rechazan el término, compañías conocidas como Pepsi, Apple o Ikea, pudieron acogerse a convenios que les permiten bajar su tasa efectiva de impuestos a menos del 10 por ciento.
Si bien los esquemas utilizados son legales, eso no quiere decir que caigan bien en las principales capitales del mundo. Más de una empresa centraliza desde territorio luxemburgués sus operaciones, sin hacerlo en su país de origen. El resultado es de miles de millones de dólares que no entran al fisco estadounidense, británico, sueco o francés, entre otros.
En medio de la permanente estrechez de los últimos años, que se ha hecho más aguda tras la crisis del 2008, hay un intento creciente por cerrar esos espacios. En consecuencia, el Ducado ya aceptó modificar algunas normas, pero es seguro que la presión aumentará tras los informes periodísticos que salieron en más de 40 medios.
No obstante, el tire y afloje es grande, pues Luxemburgo, que tenía como base la producción de acero, ahora depende mayoritariamente de los servicios financieros y de consultoría. Puesto de otra manera, perder las ventajas que ofrece le puede salir caro.
Para completar, hay otro tema que no es menor. Lo sucedido pone en una difícil situación a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, quien durante cerca de dos décadas fue ministro de Finanzas y primer ministro del Gran Ducado y tuvo que estar enterado de las prácticas denunciadas.
Ahora que le corresponde exigirles responsabilidad fiscal a los socios comunitarios que enfrentan dificultades financieras, más de uno le puede decir que no tiene ninguna autoridad moral para hacerlo.
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