Como si la población de Venezuela no tuviera que enfrentar suficientes males, ahora a la lista se le acaba de sumar uno más. Este martes el gobierno de Nicolás Maduro anunció diferentes medidas conducentes a reducir la demanda de energía, que equivalen en la práctica a un racionamiento.
La más notoria es la reformulación del horario de la administración pública que comenzará a trabajar seis horas seguidas, hasta la una y treinta de la tarde. Adicionalmente, tendrá lugar una fiscalización de industrias y centros comerciales para que reduzcan su consumo de electricidad.
Y claro, siempre están los apagones aleatorios, atribuibles a los daños que se presentan en diferentes plantas o a un supuesto saboteo, como bien lo recuerda la administración bolivariana de tiempo en tiempo. Más allá de la explicación, los cortes de luz se suman a la escasez, la carestía, la inseguridad y la pésima calidad de los servicios médicos.
En la presente oportunidad, otro argumento es la ola de calor. De acuerdo con el Ministro de Energía, Jesse Chacón, en Caracas la temperatura subió en cinco grados centígrados durante la última semana. Por cuenta de esa situación, el funcionario sostuvo que la demanda había subido un 1.500 megavatios, aunque probablemente un ingeniero diría otra cosa.
La gran ironía es que sobre el papel, el sistema tiene suficiente capacidad, con 28.000 megavatios instalados, más que la de Colombia. El problema es que la operatividad se encuentra muy por debajo de esa cifra, debido a problemas de mantenimiento en termoeléctricas e hidroeléctricas, aparte de una red de distribución obsoleta. Y aunque el Ejecutivo dice que el lío es otro, sin duda, la población volverá a pagar los platos rotos de un problema que no termina.
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