Es imposible no sorprenderse ante las declaraciones dadas por la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quien ayer culpó a los medios de comunicación de ser protagonistas de una “manipulación” en el caso de la crisis que tiene lugar en la zona de frontera. La expulsión de más de un millar de ciudadanos colombianos, deportados sin que exista nada parecido al debido proceso, ha generado un inmenso sentimiento de rechazo de este lado de la línea limítrofe.
Y a pesar de que existía la esperanza de que el diálogo diplomático le abriera la puerta a las soluciones, el que tuvo lugar ayer en Cartagena con la ministra María Ángela Holguin no rindió frutos inmediatos. Por ahora, queda claro que hay intención de conversar, pero que el gobierno de Nicolás Maduro no se ha movido un ápice.
Mientras aparece una luz en ese frente, Colombia está obligada a actuar. Tal fue la intención del viaje de Juan Manuel Santos a Cúcuta, quien se reunió con los damnificados e insistió en que no están solos. De tal manera, el mandatario se comprometió con ayudas de corto y largo plazo, que van desde estipendios hasta oportunidades de empleo.
Dichos compromisos son una oportunidad para el Ejecutivo a la hora de solucionar una emergencia humanitaria. Cumplir con lo dicho le serviría al Gobierno para mostrar efectividad y, al mismo tiempo, compasión. En un país en el cual Bogotá se percibe alejado de la realidad de las zonas apartadas, esta sería una buena manera de cerrar la brecha.
No obstante, la administración tiene la obligación de estar lista a reaccionar rápido si la situación se deteriora. Por ahora, el número de personas que han salido a la fuerza es manejable y puede ser acomodado sin que demande un gran esfuerzo estatal. Pero aquí sí que se aplica aquel refrán según el cual, ‘toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar’.
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