A comienzos de la presente semana, tanto los representantes del Gobierno panameño, como del consorcio encargado de ejecutar las obras principales del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, les aseguraron a los medios que la crisis que estalló el pasado primero de enero, acabaría en un acuerdo.
Sin embargo, la realidad fue otra.
En la madrugada de ayer, un comunicado reportó que las conversaciones se habían roto, ante lo cual empiezan a estudiarse otras opciones que seguramente degenerarán en demandas y posibles incumplimientos a los plazos que se habían mencionado hasta hace poco.
Como se recordará, el nudo del problema fue una reclamación por 1.600 millones de dólares que el grupo que ganó el contrato -comandado por la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo- les hizo a las autoridades de la vía interoceánica.
La suma en cuestión representaba algo más del 50 por ciento del valor original de la licitación, ante lo cual la negativa no se hizo esperar.
Aun así, tras la intervención de los gobiernos de las entidades involucradas, empezó una negociación en la que los panameños aceptaron algunos sobrecostos, sin que estos se aproximaran a las demandas de los responsables de las obras.
De hecho, diversos reportes hablan de una diferencia superior a los 800 millones de dólares.
Ahora la pregunta es qué se debe hacer para que el proyecto se concluya en el 2015. Para Panamá, la opción indicada es tocar las puertas de la firma que quedó segunda en la puja original, la estadounidense Bechtel.
A primera vista, concluir con el 30 por ciento que falta, debería ser posible. Pero integrar protocolos y mantener los costos a raya, no será fácil.
Por eso, quienes saben del asunto sostienen que hay que volver a intentar un arreglo.