Con la promulgación del Decreto 1787 de 2015, el Gobierno venezolano, descongeló el conflicto limítrofe entre Colombia y Venezuela por el golfo de Coquivacoa. Este acto revivió una histórica controversia que no logró solucionarse luego de la separación de la Gran Colombia ni los acuerdos posteriores.
Desde la segunda mitad del siglo XX, se entró en una etapa de reuniones de carácter bilateral encaminadas a resolver el conflicto. Tuvieron como resultado, en la década del 80, la ‘Hipótesis de Caraballeda’, que proponía una línea media equidistante, de manera que las dos partes tuviesen la oportunidad de explotar los recursos y un mar territorial que les garantizase seguridad.
No obstante, la presión de la clase política venezolana condujo al fracaso de la negociación. Posteriormente, el desafortunado evento protagonizado por la corbeta Caldas, en 1987, indispuso a las partes y tensionó más el ambiente, alejando las posibilidades de una solución negociada.
Posteriormente, en un escenario distinto de ‘nuevo orden mundial’, acompañado de las transformaciones que se produjeron en la región, la agenda binacional se fue cambiando. Ese replanteamiento, produjo una paulatina ‘desgolfización’ de la relación, promovido por la necesidad de generar una mayor interacción comercial.
Entrado el siglo XXI, la relación colombo-venezolana fue adquiriendo un tono diferente. El ascenso al poder de Hugo Chávez y la posterior llegada a la presidencia de Álvaro Uribe, abrieron el camino a una relación pendular, producto de políticas exteriores de carácter personalista.
Entre el 2003 y el 2007, se tuvo un ciclo de cooperación y entendimiento, que llevó a la reactivación de temas prioritarios para las partes. No obstante, la designación de Chávez como facilitador en el proceso de liberación de secuestrados y la posterior desautorización de Uribe, trajo consigo una dramática ruptura en la relación.
Con la llegada a la Casa de Nariño de Juan Manuel Santos, se reanudó el diálogo entre las partes. La visita de Chávez a Santa Marta, luego de la posesión de su par colombiano, abrió las puertas a una recomposición de la agenda. Parcialmente se logró. En el 2013, afloraron las secuelas de una relación complicada, inmersa en una multitud de problemas que afectan a ambos.
Los constantes ataques del antecesor de Santos a su política exterior, a la que califica como amiga del ‘castro-chavismo’, sumado a las permanentes acusaciones por parte del presidente Maduro de ataques por parte de la extrema derecha con el propósito de desestabilizarlo, han conducido a dispersar la atención de los gobiernos centrales sobre temas primordiales.
Fundamentalmente, se pueden definir tres variables que afectan la frontera. Primero, la inseguridad, debido a la fuerte presencia de fuerzas al margen de la ley. La actividad constante de paramilitares, guerrilla, delincuencia común y Bacrim, ha permitido que se adueñen del rentable negocio del contrabando de combustible.
Segundo, en el plano comercial, la desindustrialización venezolana y los problemas con las divisas, han impedido que se reactive el comercio. Ha sido imposible retornar a la dinámica comercial del periodo 2007-2009, que presentaron cifras por encima de los 3.500 millones de dólares en intercambio. Las estadísticas de los años posteriores, muestran un descenso de más del 50 por ciento.
Por último, la situación socio-económica de la población fronteriza, continúa dependiendo de los embates que producen las decisiones de Bogotá y Caracas. Los cierres de frontera, por ejemplo, repercuten en la dinámica propia de una sociedad que está dividida por una línea, pero que mantiene de manera constante una interacción social, económica y cultural, que los hace interdependientes
Está claro que el litigio fronterizo continúa vigente y las perspectivas de solución parecen muy lejanas. El retiro de Venezuela de la Carta de Bogotá, exonera al país de aceptar la jurisdicción de La Haya, y esta escasa voluntad del gobierno de Caracas por resolver la controversia por la vía diplomática, se reflejó en el Decreto 1787 y las declaraciones de los analistas vecinos.
Se esperaría de los Palacios de Nariño y San Carlos un verdadero acto de ‘contrición’, que condujera a los tomadores de decisiones a revisar el escenario colombo-venezolano. No es admisible que las miradas de Bogotá volteen hacia los más de dos mil kilómetros de frontera, solo en momentos que se vea vulnerada la soberanía territorial. Es prioritaria, la recuperación de la legítima autoridad en la zona, acompañada de políticas socio-económicas que amortigüen las fluctuaciones de la inestable relación binacional. En conclusión, una coherente política exterior fronteriza que vaya más allá de una relación de amor y odio.
Héctor Galeano David
Miembro de Redintercol