Durante esta semana, Colombia es anfitriona de la 72a Reunión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón (Icac), en el que convergerán los gobiernos de los países productores, comercializadores y consumidores de algodón.
Este escenario permitirá reflexionar en un contexto mundial sobre las perspectivas del sector algodonero local, cuyos retos se centran en revertir la realidad de supervivencia en la que ha estado por décadas y dirigirla a una condición de productividad y competitividad exportadora.
La decadencia sostenida de este sector se refleja en la dinámica de su producción, la cual muestra una evidente involución. En 1991, se tenían cultivadas en el país 261.939 hectáreas y para el 2013 se proyectan 31.579.
Aunque nuestro algodón representa un tipo de fibra larga que es calificada como de grado superior y gran resistencia, con características ideales para los procesos de hilaturas en hilo y tejido de punto, que son los más finos, contradictoriamente, no ha logrado un posicionamiento internacional que le genere gran atractivo a los brokers de aquellos mercados que compran masivamente el algodón en el mundo.
Esta ausencia de competitividad es explicada en términos de pesadas estructuras de costos de producción y comercialización. Igualmente, pesa la falta de una estandarización interna de procesos de producción que permita crear una oferta nacional congruente con la demanda de los grandes compradores del contexto internacional.
Esta se caracteriza por altos volúmenes en condiciones de calidad muy específica, en términos de color, densidad, longitud, grosor, grado de clasificación y resistencia.
La restricción competitiva de los costos se dimensiona cuando se conoce que, entre los países productores de algodón, Colombia registra los costos más altos por kilo de semilla transgénica, que es la que garantiza la mejor calidad y tiene una participación importante en los costos totales. Mientras que dicho kilo vale en Colombia 14,1 dólares, en China –el mayor productor– cuesta 3,7; en EE. UU., 4,6, y en México, 4,1.
En esta lógica, los costos de producción en Colombia son tres veces los de India, que es el segundo productor del mundo. En el 2012, mientras el costo de producción promedio por tonelada de algodón/fibra fue de 5,1 millones, el precio de venta fue de 3,3 millones.
En aras de proteger el ingreso de los algodoneros, el Gobierno ha venido otorgando desde el 2001 un incentivo que permite asegurar un precio denominado ‘precio mínimo de garantía’, es decir, el Gobierno le reconoce al productor la diferencia entre el precio mínimo de garantía y el valor de mercado.
Complementario a dicho incentivo, se creó el Conpes 3401 del 2005 para mejorar la productividad y comercialización de la fibra de algodón.
Los ejes estratégicos eran la protección del ingreso, el mejoramiento de los rendimientos, la apertura y acceso a mercados, la financiación y la racionalización de costos.
Sin embargo, si de hacer un balance se trata, solo se ven resultados de impacto en la protección del ingreso de los algodoneros, debido a que desde el 2001 este se les ha mejorado en promedio $970.000 por tonelada, a raíz del precio mínimo de garantía.
Entre el 2002 y el 2012, el Gobierno destinó $390.499 millones al pago del precio mínimo de garantía.
Ello significa que aún no se han podido cristalizar las metas en los otros ejes planteados por el Conpes, y, entonces, surge la inquietud sobre los determinantes de este déficit, apuntando todas las deducciones a señalar que este sector todavía tiene muchos retos en la ruta hacia el logro de los niveles de formalización y asociatividad empresarial óptimos.
De este amalgama empresarial se podría esperar la creación de grandes bloques de productores con una fuerza de mercado que genere economías de escala en la estructuración de la siembra y la consecución de financiación a partir de asociaciones fuertes que sean sujetos de crédito bancario, con la posibilidad de comprar insumos en grupo a mejores precios de los que pagarían individualmente.
Por supuesto, estas conjunciones abrirían la alternativa de constitución de pooles de oferta de algodón que les permita tener poder de negociación frente al único comprador interno y ante los potenciales del resto del mundo.
La radiografía actual de los algodoneros los muestra con profundas heterogeneidades, en términos de sus costos, rendimientos y agremiaciones.
Hay 60 de estas asociaciones que reúnen a productores con hectáreas que suman entre 100 y 3.000 cada una, con marcadas diferencias en sus niveles de formalidad empresarial.
Si el Gobierno le sigue apostando al futuro de este sector, invariablemente tendrá que plantear ambiciosas políticas integrales que impulsen el desarrollo competitivo del ramo. No basta con garantizar un ingreso a través de compensaciones a las caídas del precio internacional, se requiere diseñar y poner en marcha un plan que instrumentalice, con más efectividad, los objetivos del Conpes en los frentes productivos, de comercialización y financiación.
Es oportuno emprender estas acciones de inmediato en vista de que la vigencia del Conpes 3401 expira en el 2015.
Es fundamental que todos los apoyos del Gobierno condicionen su acceso a la implementación de las mejores prácticas productivas y comerciales, llevando paulatinamente este sector a los niveles de productividad y competitividad que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
En esa dirección, el Gobierno no debería ahorrar esfuerzos y recursos para propender que los algodoneros, dentro de estructuras de refinada empresarización asociativa, tengan acceso a recursos financieros y de otro tipo, que permitan sostener los 17.891 empleos directos que genera el sector al tiempo que se impulsa un ramo con el potencial de aportar trascendentalmente al crecimiento del PIB agropecuario del país.
Iván Darío Arroyave Agudelo
Presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia
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