Ante las amenazas de profundización de las crisis por ausencias o exceso de lluvias y el reiterado reconocimiento de que en este frente la descentralización no viene funcionando, es necesaria una seria reflexión sobre la ineficacia del modelo institucional y presupuestal.
Así las cosas, se requiere con urgencia el fortalecimiento institucional en el sector de agua y saneamiento, de tal forma que los avances logrados por el gobierno en los últimos años se puedan consolidar.
En cada emergencia se señala que las Corporaciones Autónomas Regionales y los Municipios no planearon de conformidad con las informaciones de autoridades como el Ideam. Este ejemplo indica que el modelo institucional y de asignación de recursos para el sector y para la adaptación al cambio climático merece transformarse.
En el campo de la adaptación, la gestión por cuencas implica reformular las CAR y los proyectos deben ser fundamentalmente regionales y multisectoriales: reforestación a gran escala, embalses multipropósito, regulación hídrica, entre otros.
De hecho, en una reciente conferencia de la Asociación de Periodistas Económicos sobre los costos del posconflicto, el presidente de la SAC, Rafael Mejía, entregó un dato que llama la atención: "mientras en Colombia existen 49 embalses, en países del mismo nivel se llega a 700 y que decir de China donde hay más de 30.000".
AGENCIA Y SUPERINTENDENCIA
El hecho de contar con notorios avances en el sector de agua y saneamiento, impulsados desde el ministerio de Vivienda y el concurso de entidades como Findeter, sumado a las contingencias de clima, valida una vez más la creación de una Agencia Nacional del Agua, altamente técnica, descentralizada del orden nacional y adscrita al Ministerio de Ambiente, que sea transversal a todos aquellos sectores que involucren en sus actividades consumo del recurso hídrico.
No necesariamente implica mayor burocracia, simplemente es agrupar funciones que se encuentran dispersas en distintos ministerios.
La Agencia Nacional del Agua tendría como principal función la gestión integral del recurso hídrico. Con este objetivo financiaría con grupos de municipios y la Autoridad Regional Ambiental, proyectos o macroproyectos de impacto.
Los recursos financieros provendrían de reformular el Sistema General de Participaciones y el de Regalías.
Eso es lo que requiere un país que toma en serio las amenazas del futuro. Es necesario desde ya gestionar y programar recursos para ejecución de inversiones importantes en reforestación, regulación de cuencas, construcción de infraestructuras, tal como se ha hecho para el sector eléctrico.
Si bien las responsabilidades en temas de agua y ambiente están a cargo de autoridades locales y regionales, el Estado debe intervenir ante las grandes crisis que hoy se presentan y tiene en la gestión integral del recurso hídrico y también integralmente de residuos, una alternativa para la generación de empleo, necesaria en el postconflicto.
Esta Agencia debe ser eje articulador de las Autoridades Regionales Ambientales que deberán agruparse y convertirse en organismos para gestión de cuencas, por encima de la división político-administrativa, que actualmente tienen las Corporaciones Autónomas Regionales
Igualmente, deberá coordinar funciones con la entidad que tenga a su cargo el seguimiento y control del uso adecuado y responsable de los recursos naturales. De ahí que sigamos insistiendo también en una Superintendencia Ambiental, que junto con jueces ad hoc, judicialicen el mal uso de los recursos naturales y adgaranticen el principio de quien contamina paga.
El fortalecimiento institucional del sector agua y saneamiento que proponemos desde ACODAL pudiera complementarse con acciones como las siguientes:
Un Plan Estratégico Nacional de Agua Potable y Saneamiento, así como un Plan Integral de Agua y Saneamiento Rural.
Mejores formas de intervención del Gobierno Nacional para que, sin romper la autonomía administrativa, se brinde a gobernaciones y alcaldías apoyo en capacidad técnica e institucional para atender comunidades rurales y familias en viviendas dispersas.
Alternativas tecnológicas que respondan a diferentes condiciones geográficas, de la oferta de caudales del recurso hídrico y acceso a insumos necesarios para poner en operación los sistemas y lograr la potabilización, al tamaño de los asentamientos poblacionales y capacidad de pago de sus habitantes.
Aprovechar el Estudio Nacional del Agua -ENA- que realiza el Ideam y que ofrece información precisa sobre los índices de uso de agua por períodos medios y por años secos lo deberá permitir a la autoridad planificadora nacional de estos servicios, programar inversiones a cofinanciar con el sector privado y/o con las entidades territoriales reservorios de agua en zonas ya señaladas por el Ideam.
Protección de cuencas sea mediante reforestación, descontaminación, medidas de vigilancia y control sobre las descargas contaminantes.
Proteger la red hídrica, lo que significa avanzar de manera excepcional en tratamiento de aguas residuales y en tecnologías de saneamiento en los centros poblados y viviendas dispersas de las zonas rurales.
Por Maryluz Mejía de Pumarejo
Presidenta de Acodal