En las últimas semanas vimos dos situaciones similares pero desde orillas opuestas. De una parte, vimos a la SAC asumiendo una posición muy crítica con el Gobierno frente al manejo del proceso de paz y la firma del acuerdo de la Alianza Pacífico. Por la otra, vimos a las dignidades agropecuarias, cada vez más manipuladas y divididas, marchando en contra del Gobierno por un aparente incumplimiento de los compromisos del Pacto Agrario.
Ambas situaciones reflejan que el diálogo entre el Gobierno y los gremios agropecuarios se ha hecho cada vez más complejo, y el espacio concedido a las dignidades agropecuarias generaron un distanciamiento, apenas obvio, con los legítimos representantes de los productores.
Pero más allá de estas complejidades, la política agropecuaria sigue siendo el gran reto de este Gobierno y con seguridad, esperamos, será uno de los principales focos de la campaña presidencial. Recién lanzada la nueva Política de Estado para la ruralidad colombiana, el Gobierno, se embocaba en un nuevo emprendimiento: la Misión para la Transformación del Campo, o Misión Rural.
Aún no es claro si la política para la ruralidad será absorbida para la Misión Rural o si es un componente de esta última. Dirigida por el ex -Ministro de Hacienda y de Agricultura José Antonio Ocampo, la Misión tendrá como objetivo principal cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Si bien no se conocen detalles, la Misión no deja de generar interrogantes.
Y tal vez el principal interrogante es el papel de los gremios en la Misión Rural, que se supone definirá los destinos del sector rural para los próximos 20 años. En un escueto comunicado, el DNP informaba que en su Consejo Directivo y representación de los gremios agropecuarios estará el presidente de la SAC, Rafael Mejía.
Quizás sin pretenderlo, el Gobierno nos deja por fuera de uno de los escenarios de construcción de política más importantes de los próximos años. Y no solo se queda sin participar uno de los principales sectores de la producción agropecuaria en Colombia, sino un actor esencial en la seguridad alimentaria de este país. Y no solamente Fenavi quedó por fuera.
Esto nos lleva nuevamente a las relaciones Gobierno-gremios agropecuarios. En algunos casos el Gobierno genera unos espacios de diálogo donde no están todos los gremios, y en otras ocasiones no están los gremios y aparecen las dignidades agropecuarias. Esta dualidad afecta la relación del Gobierno con los sectores productivos, estén o no agremiados.
Fenavi históricamente no ha sido un gremio beligerante y ha logrado una interlocución con el Gobierno basada en posiciones eminentemente técnicas. No siempre las gestiones han sido exitosas, pero el gremio ha sido perseverante en muchos de los temas, como el tributario, el aduanero y el sanitario, en la búsqueda de condiciones de competitividad más favorables para el sector. Pero a veces se siente la frustración por los oídos sordos de los funcionarios, por el vaivén de las políticas públicas, la inseguridad jurídica o el cerco normativo.
Como gremio de los avicultores, seguiremos buscando todos los espacios de diálogo posibles con el Gobierno y en donde se tomen las decisiones de política que afecten el sector. Hemos insistido en la activación de la Comisión Nacional Avícola, y en nuestra participación con voz y voto en el Consejo Directivo del ICA. Aún seguimos sin respuesta, pero confíamos en que el Gobierno tenga en cuenta que las realidades sectoriales actuales son distintas a las de hace 40 años y que la seguridad alimentaria de un país no solamente depende de las actividades agrícolas, sino también de las pecuarias.
Andrés Valencia
Presidente Ejecutivo de Fenavi.