Claramente el sector que está jalonando la economía es el de la construcción,que involucra tanto la actividad edificadora como las obras civiles. Pero esta realidad puede transformarse este año, ya que sobre el crecimiento económico se yergue una amenaza, consistente en el atraso nacional en la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial, POT. De estos dependen las decisiones para ejecutar proyectos y obras provenientes del sector público y privado.
El año pasado el Producto Interno Bruto, PIB creció 4,3 %, gracias entre otros factores al buen desempeño de la edificación de vivienda, que fue el sector que más creció con 9,8 %, frente a un 6% durante el año mediatamente anterior.
Las obras civiles por su parte tuvieron un crecimiento del 10,4 % debido a su gran dinamismo (construcción de vías, puentes, túneles, acueductos, entre otros), mientras que en el 2012 el crecimiento fue tan solo de 2,2%.
Pero aunque las cifras se ven crecer, no se puede cantar victoria anticipada, pues el proceso de revisión y ajuste de los POT establecido por la Ley 388 de 1997, a través de la Ley 902/2004, está afectando el crecimiento del sector y por tanto, la expectativa de crecimiento para el PIB del 2014 a nivel nacional, prevista en 4,5%; es posible que no se alcance y por el contrario decaiga.
De hecho, en los dos primeros meses de este año las licencias de construcción para toda clase de edificaciones disminuyeron 4,7% frente al mismo periodo de 2013, debido a la suspensión del POT de Bogotá, por parte del Consejo de Estado. En estas condiciones, ningún empresario invertirá en la capital, donde también han quedado suspendidas las obras de infraestructura vial, hasta cuando se defina la situación.
Esta paralización ocurre gracias a que es el POT la herramienta de planificación que define la ocupación del territorio basado en unos determinantes ambientales, con un horizonte a largo plazo y en un acuerdo social. Se constituye en la bitácora que orienta los proyectos para el crecimiento urbano y de servicios, donde se hacen realidad la definición de las zonas de reserva, o los suelos de protección y conservación, la definición de las vías y el transporte, entre otros. En realidad, si no hay POT no hay desarrollo ni sostenibilidad.
Ya se cumplieron los tres periodos de los alcaldes y comenzó la revisión para todas las ciudades y municipios del país. Esta revisión y ajuste incorpora un elemento nuevo definido por el cambio climático, basado en una adecuada gestión del riesgo. Esta más que una carga adicional para las autoridades municipales se basa en la prevención de amenazas ambientales que generan la vulnerabilidad, tal y como lo vimos hace dos años a raíz de las inundaciones del río Bogotá en los municipios de Chía y Cajicá. Es en esta región, incluida la capital de la República, donde se localiza el 27% del PIB nacional y el 22% de la población del país.
Pero en esta revisión, por citar tan solo el ejemplo del Departamento de Cundinamarca, de los 98 municipios que debían presentar el POT, 40 no han culminado el proceso correspondiente.
Las razones son muchas: En algunos casos pudo haber concertación con la CAR, pero en los Concejos locales no hubo trámite del proyecto, o hubo cambio de Alcalde; o fue que las Administraciones Municipales no continuaron en el proceso porque algunos insumos como el de Gestión Integral del Riesgo no se consolidó.
Lo único cierto es que en la Región de Sabana Centro que involucra 11 importantes municipios, como Chía, o Cajicá; Zipaquirá es el único que está más avanzado, y eso que tiene aspectos por resolver, con respecto al trazado de una variante a Pacho por suelo de protección, así como que está pendiente definir aspectos patrimoniales relacionados con la Catedral de Sal.
Otros factores han influido en la tardanza para iniciar este proceso de revisión y ajuste y tiene que ver con la expedición de la Resolución 0755 de 2012, en la que declaraban como Reserva Protectora-Productora del Río Bogotá, a todos los municipios ubicados por encima de los 2.650 metros de altura, de los cuales 10, contaban con más del 50% de su territorio, y en el caso de Subachoque con el 80%.
Para corregir lo anterior, este año el Minambiente, expidió la Resolución 138 de 2014, que redelimita y realindera la zona de reserva del Río Bogotá. Con esta nueva resolución salen de la zona de reserva 68.000 has, procedimiento que se realizó basado en los estudios del Instituto Von Humboldt con una visión de conservación. Se supone que tratar de corregir, la Resolución anterior, es un acto aparentemente lógico; pero cabe el temor de que las autoridades ambientales no cuenten con los suficientes dientes, para hacer cumplir la ley. Y si a esto se le suma que no existen sistemas de información, que permitan tomar las decisiones correctas, el panorama es bastante desalentador.
En este ordenamiento territorial, se ha olvidado la unidad básica de planeación, y es el concepto de la cuenca como aquella unidad más integral y sistémica, que direccione el desarrollo en concordancia con la oferta ambiental del territorio y su capacidad de carga. Los municipios en su afán de cumplir con la obligación de la Ley, han manejado el tema de manera aislada. Muchos han contratado consultores hacedores de POT, los cuáles ni siquiera entran a revisar que ha pasado en estos doce años de implementación y hacen copy paste para varios municipios. Se requiere entonces, pensar globalmente en términos de cuenca, y actuar localmente en términos de municipio.
Y es que una decisión que cambie el uso del suelo trae enormes implicaciones económicas para los dueños de la tierra interesados en el cambio de uso del suelo. Pasar de un uso agrícola a uno urbano implica un aumento del precio de la tierra hasta del 500%.
El país, está perdiendo una oportunidad de oro. Mi experiencia, proveniente del sector constructor, pero también el paso como director de la CAR-Regional Zipaquirá, en el periodo 2006-2008, en el que se definieron los primeros POT, me hace advertir que las interacciones planteadas en el espíritu de esta ley tienen que ver con un nuevo énfasis social y gremial en el desarrollo de los territorios en función de la superación de la pobreza, la sostenibilidad ambiental, la paz y la redistribución de la riqueza, serán letra muerta y de paso, afectarán la competitividad y la calidad de vida.
Nicolás Escobar-Páramo, Gerente de Inversiones Milenium Compañía Constructora
