El programa de cuarta generación de concesiones viales es una iniciativa del Gobierno Nacional dirigida a reducir la brecha en infraestructura y a mejorar el sistema de conectividad del país.
El programa fue concebido bajo el esquema de Asociaciones Público - Privadas (APP) con el fin de atraer capital privado y acelerar la inversión en infraestructura de transporte.
El deterioro de las finanzas públicas observado en los años 2009 y 2010 a raíz de la crisis financiera internacional le impedía al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos contar en sus inicios con el espacio fiscal necesario para impulsar cuantiosas inversiones bajo el esquema tradicional de obra pública.
Bajo este contexto, para prender los motores de la locomotora de la infraestructura, la administración Santos se vio obligada a buscar entonces el concurso de la inversión privada.
De esa manera, los empresarios financiarían las fases de preconstrucción, construcción y/o rehabilitación de las vías y el Gobierno podría anticipar el gasto que no estaba en capacidad de asumir por su débil situación fiscal.
El panorama de hoy es diferente. Si bien existen restricciones en materia del gasto del Gobierno, sería posible contratar proyectos por obra pública a través de un ajuste a la asignación presupuestal del sector transporte, en favor del Invías en los próximos años. Así, la ejecución de algunos de los proyectos de la cuarta generación podría quedar en manos de ese instituto.
Es evidente que una de las ventajas del modelo de las APP propuesto para el Programa 4G radica en que en un solo contrato se responsabiliza al privado de todas las etapas del proyecto: construcción, operación y mantenimiento.
Sin embargo, por las características inherentes a este programa, solo algunos de los corredores viales previstos tendrían la capacidad de proveer una rentabilidad atractiva para los privados derivada del cobro de los peajes.
Por lo tanto, se podría considerar la posibilidad de concesionar solo las etapas de operación y mantenimiento para evitar que el privado asuma los riesgos de la fase de construcción, los cuales dificultan la consecución de financiación a tasas competitivas en el mercado financiero.
En este sentido, la propuesta que aquí esbozamos consiste en llevar a cabo la construcción por obra pública de algunos de los corredores de las segunda y tercera olas del programa 4G y a través de APP transferir al privado la operación y el mantenimiento de las vías.
Para esto se sugiere analizar uno a uno los proyectos del Programa a la luz del comparador público- privado establecido en la Ley 1508 de 2012, con el fin de identificar el vehículo más conveniente para el desarrollo de las inversiones en términos de costos y riesgos.
Para estos efectos, se requiere de un Invías fortalecido y con un mayor protagonismo institucional, lo que permitiría al Gobierno ejecutar altos volúmenes de inversión de manera eficiente, vigilando a la vez que los proyectos respondan a tres premisas fundamentales en toda buena obra de ingeniería: la seguridad de los usuarios, la resistencia de los proyectos al cambio climático y el aporte de los mismos a la competitividad del país.
Juan Martín Caicedo Ferrer
Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura