El derecho a la ciudad

La impresionante valorización que registran los inmuebles en Bogotá, y en la gran mayoría de ciudades del país, tiene un alto coste para los ciudadanos y un pobre retorno de recursos para las urbes.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
enero 29 de 2012
2012-01-29 05:58 p.m.

La estratificación debería ser sometida a una revisión urgente para solucionar esta situación.  

En economía urbana las ciudades son vistas como un bien público, o por lo menos como una sumatoria de ellos. La provisión de muchos bienes se realiza de forma men os costosa si se tiene un gran número de individuos sobre los cuales diluir el costo. La seguridad, los servicios públicos, los parques, entre otros, tienen un costo infinito si es financiado por un individuo, mientras que usted apenas nota el costo cuando lo financian 7 millones de personas.  

Las ciudades se configuran sobre infraestructura pública. Teitz (1968) señalaba cómo una persona nace en un hospital público, se educa en escuelas y universidades públicas; viaja en el sistema de transporte público; se comunica por el sistema de telefonía o la red postal pública; consume los servicios de acueducto y aseo públicos; lee libros en las bibliotecas públicas; se entretiene en los parques públicos; es protegido por la fuerza pública, los bomberos y el sistema de salud público, y finalmente, cuando muere, es enterrado en el cementerio público. 

Con seguridad usted vive en una ciudad por las muchas ofertas urbanas públicas que encuentra a las mencionadas, pero fundamentalmente porque la aglomeración de empresas e individuos genera un conjunto de beneficios externos que le permiten tener un ingreso superior, en comparación con el sector rural y otras ciudades de menor tamaño, y así mismo ubicarse en el mejor sitio, al excluir a un amplio conjunto de individuos que también quisieron su sitio de vivienda, pero no pagaron tanto como usted. 

Ahora bien, si los bienes públicos, por todos financiados, le dan valor al territorio ¿habría razón para que algún ciudadano fuera excluido del disfrute de la ciudad? La respuesta ética es un contundente ‘no’, la realidad es ‘sí’.

Veamos dos ejemplos para Bogotá: En la tabla anexa se presentan los ingresos de la encuesta multipropósito de la SDP y el Dane 2010, y los gastos en recreación calculados con la estructura del 2006 de la SHD. 

Si todo el ingreso es gastado, y se toma la media de personas por hogar y número de hogares para los estratos 1 y 2, se tienen 3’686.149 personas con un máximo de 13.457 pesos dedicados a recreación. 

Con estos recursos podría disfrutar de una bandeja con pollo, inferior a una comida diaria de un hogar, en un modesto centro comercial.  Es decir, los centros comerciales de la ciudad, no son para todos. 

De otra parte, si usted toma la información de las revistas inmobiliarias de 1995 al 2009 puede constatar que en 1995 una vivienda de 1’168.283 pesos el metro cuadrado y un área de 73 metros cuadrados es básicamente hoy un lujo. 

En el año 2009 por ese precio se compraban 38 metros cuadrados, en promedio 2 kilómetros más lejos del centro. Es decir, un doble costo si se agrega el del transporte.  Pero las cosas no se quedan ahí.

De acuerdo con información de Metrocuadrado.com, entre febrero y diciembre del 2009 los precios por metro cuadrado de los proyectos en Bogotá crecieron por encima del 20 por ciento real. 

No busquen explicación en el salario, ni en la tasa de interés y menos en los costos de construcción que han descendido desde 1990. La principal fuente es el precio del suelo.

Ana Milena Muñoz, en su columna del 4 de enero en El Espectador, se pregunta sobre el costo de las ciudades y ofrece algunas respuestas, pero olvida una absolutamente crítica: la renta del suelo. 

En los centros comerciales se deben pagar unos arriendos exagerados que obliga a los comerciantes a subir los precios al límite para no verse excluidos del mercado. Igual ocurre con los arriendos de las viviendas. 

Lo importante de todo esto es la existencia de un amplio espacio para cobrar un mayor predial como fuente de financiamiento de mayores ofertas urbanas y reducir los costos del transporte, por ejemplo el metro. Una medida de esta naturaleza es incluyente.

Las cifras muestran una impresionante valorización de los inmuebles de Bogotá y en general de las ciudades del país, un alto costo para los ciudadanos y un pobre retorno de recursos a la ciudad. 

Este argumento lo soportan los cambios marginales en la estratificación desde 1997, que dicho sea de paso exige una urgente revisión. 

ALEX SMITH ARAQUE SOLANO

PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

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