La integración de Colombia a la cuenca del Pacífico cuenta con adeptos y detractores. Palabras como infraestructura, licencias ambientales, consultas previas, territorios colectivos, ecosistemas frágiles y biodiversidad despiertan muchas emociones.
La discusión es en lo global cuando queremos acercarnos a Taiwán, Shangái, Seúl o Singapur. O parroquial cuando se quiere acercar Cali a Buenaventura, Pasto a Tumaco o Medellín a Quibdó. Es difícil saber cuál distancia es mayor. En cualquiera de las versiones, local o global, tenemos en medio a la región más pobre y excluida en las costas del Pacífico.
Curiosamente hoy no existen programas universitarios de economía en los centros urbanos más importantes de la región (Tumaco, Guapi, Buenaventura y Quibdó), impidiendo que surja una clase política, intelectual y empresarial que estudie y aplique la economía desde y para la perspectiva de esta región.
No sorprende entonces que para la búsqueda de la reducción de la pobreza del Pacífico predominen corrientes, modelos y políticas ajenos a su realidad.
En la reciente Misión de Movilidad Social y Equidad, en uno de los capítulos (‘Equidad en la diferencia’) presentamos las múltiples dimensiones en que los departamentos de mayoría afrocolombiana sufren un rezago en logros básicos como servicios públicos, educación, salud, o nutrición. Peor aún, entre los mismos departamentos de mayoría afro, la población negra muestra índices inferiores a la población mestiza o blanco que allí habitan.
Un ejemplo se encuentra al calcular el porcentaje de niños menores a 5 años que sufrieron días de ayuno según el Censo. El problema pareciera ser no solo geográfico. También es de racismo, una palabra elusiva en nuestra discusión sobre las inequidades del país.
Para confirmarlo, en un reciente experimento de campo que hicimos con el Observatorio de Discriminación Racial y la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, demostramos que ser negro reduce sustancialmente la probabilidad de que lo llamen a entrevista en el mercado de trabajo de Bogotá.
Los logros culturales y políticos derivados de la Ley 70 del 93 tienen ahora que ayudar a orientar las metas de bienestar material y económico de la región. Al igual que el fin del Apartheid en Suráfrica logró mucho más en lo político que en lo económico, el Pacífico tiene al frente un reto para traducir la reivindicación política y el derecho al territorio en oportunidades económicas.
Parte del problema está en las dinámicas sociales al interior de la región, y una mirada autocrítica de sus líderes debe hacer parte del camino a seguir. Dos ejemplos: solamente el municipio de Buenaventura tiene más de 30 consejos comunitarios en su territorio, pero apenas 2 concejales de los 19 elegidos popularmente representan a los consejos comunitarios.
Chocó tiene tres cuartas partes de su territorio en consejos comunitarios, y en las elecciones atípicas para Gobernación que acaban de concluir el 8 de diciembre, apenas 91 mil votos fueron contados, equivalentes a un tercio del potencial electoral. Peor aún, el candidato que recogía los intereses de los consejos comunitarios obtuvo el tercer puesto, con un poco más de 3.700 votos, lo cual representó apenas el 4 por ciento de la votación.
Aunque también hay luces. La Fundación Manos Visibles, con el empuje de Paula Moreno y el apoyo del Icesi, Eafit, Esap y la Universidad Javeriana, están formando cien líderes de la región Pacífico en dos programas de posgrado. Sus proyectos incluyen creación artística, productiva, cultural, deportiva, política, o económica, acompañados por tutores con experiencia en estas dimensiones.
La calidad es aún tan diversa como el Pacífico mismo, pero son proyectos de la región misma, y muchos de ellos con temas transversales como el uso de recursos naturales sobre los cuales hay un acceso colectivo (bosques, pesca, manglares, costas, rios, minería informal).
Muchas de las ideas incluso se sustentan en un proyecto productivo de una comunidad y no en un empresario particular. Lo cual me devuelve al problema de la formación de economistas.
La creación de oportunidades económicas para el Pacífico tendrá que incluir la formación de una masa crítica de economistas con una óptica desde esa realidad.
Hay que formar profesionales en las teorías de la acción colectiva, la propiedad comunal de la tierra, los modelos cooperativos, la economía de recursos renovables y no renovables, la economía ambiental, el capital social, la economía de redes, o la medición de la desigualdad entre otras. Estas son áreas fundamentales para entender los problemas de una región rica en biodiversidad y llena de pobreza e inequidad extremas, y a la que el país le apostó en 1991 con una de las reformas agrarias más revolucionarias que se hayan visto, consolidada en la Ley 70 de 1993, pero aún cuestionada por quienes quieren ajustar la realidad del Pacífico a sus modelos de desarrollo.
Juan Camilo Cárdenas
Profesor titular, Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.