Una considerable confusión han generado en el Gobierno las declaraciones del vicepresidente Angelino Garzón, que hacen referencia al nuevo nivel del salario mínimo. De acuerdo con el número dos del Gobierno, la oferta de incremento del 3 por ciento que hicieron los empresarios hace unos días en el seno de la Comisión de Concertación que fue creada por ley “no es justa”, como tampoco lo sería la petición de una de las centrales obreras que habla del 6 por ciento. Por tal motivo, el funcionario ha pedido que las dos partes hagan su mejor esfuerzo para llegar a un acuerdo, sin dejar claro cuál es el punto de corte.
Semejante postura es respetable, en el sentido de que es la expresión de la voluntad de alguien que quisiera ver una mayor equidad social en el país. El problema es que quien hace el pronunciamiento es un funcionario que tiene asiento en el Consejo de Ministros y forma parte integral del Ejecutivo, el cual seguramente se verá obligado a expedir un decreto para cortar el nudo gordiano que hoy existe. De tal manera, lo dicho constituye una señal para las personas que componen el equipo económico y que tienen al respecto una postura más técnica que política.
Y es que, según lo que dice la ortodoxia, el reajuste del salario mínimo debería ser moderado, pues este tendría que responder al alza en los precios y a la mejora en la productividad. Teniendo en cuenta que la primera podría ser cercana al 2,7 por ciento en el 2010 y que la segunda ha sido negativa, la fórmula daría un crecimiento inferior a esa cifra, algo que constituye un imposible en términos de opinión. Por tal motivo, en la Casa de Nariño se ha venido hablando de algo muy cercano al 3 por ciento, lo cual permitiría una ligera mejora en el ingreso real, sin elevar en forma desproporcionada los costos laborales.
En respuesta, Garzón hace un planteamiento que parece difícil de derrotar. “15 mil pesos, que es lo que representa el aumento del 3 por ciento, no alcanza. Yo creo que si le preguntáramos a los altos servidores públicos y ejecutivos de las empresas si vivirían con un salario mínimo la repuesta es que ninguno de nosotros viviría con ese salario”, afirma con razón el Vicepresidente. El problema, por más cruel que parezca, es que así no se equilibran las cargas. Dicho de otra manera, el alza en las remuneraciones por decreto no es el camino para solucionar el desafío de la pobreza.
Esa, al menos, es la opinión de los académicos que han analizado lo sucedido en Colombia a lo largo de los años recientes. De un lado, experiencias como las de finales del siglo pasado, cuando se decretó un importante incremento, mostraron que buena parte del aumento se fue en una mayor inflación, al tiempo que el desempleo tuvo un salto importante. La razón es que los empresarios, ante un ascenso en sus costos salariales, tratan de pasarle el mayor valor al público o de hacer recortes para mantener bajo control lo que les representa la nómina.
Al mismo tiempo que eso ocurre, la informalidad gana terreno. Las investigaciones que se han hecho revelan que una proporción mayoritaria de los trabajadores no gana ni siquiera el mínimo, algo que ocurre de manera persistente en el campo. De tal manera, si la barra se eleva todavía más, la esperanza de cerrar la brecha se aleja y con ella el objetivo de avanzar en la disminución de la pobreza y de la inequidad.
Así las cosas, es indudable que si la administración Santos quiere avanzar con decisión en el asunto necesita medidas audaces que seguramente les caerán mal a los sindicatos y al vicepresidente Garzón. Estas incluyen no sólo actuar con moderación en lo que al mínimo se refiere, sino aprovechar el espacio que dio la recientemente aprobada Ley de Primer Empleo para establecer regímenes diferenciales entre el campo y la ciudad y promover la contratación de los jóvenes.
De lo contrario, el escenario será el mismo que viene imperando, en el cual apenas una tercera parte de la fuerza laboral mantiene ciertos privilegios y tiene derecho a reajustes, al mismo tiempo que dos terceras partes de los trabajadores siguen a la deriva. Por ese motivo, el vicepresidente Garzón debería preguntarse si lo justo es que una minoría esté mejor, mientras el grueso de los colombianos sigue condenado a la informalidad y el atraso.
