En los años 90, cuando el Gobierno definió como política pública el Plan de Masificación de Gas, era evidente que el sector de gas natural necesitaba apalancar su crecimiento en la expansión del sector termoeléctrico, ya que para justificar los grandes gasoductos construidos se debía contar con la demanda del sector eléctrico.
Hoy, mientras las fuentes de suministro son limitadas, el principal campo productor de gas se encuentra en declinación, el transporte está en un nivel de empleo alto en muchos de los tramos del sistema y se ha masificado el uso en el sector residencial y vehicular, el sector eléctrico se convirtió en el ‘patito feo’ de la demanda. Ello se debe a que su consumo de gas es diferente al de los demás sectores, porque está en función de la ocurrencia o no de un fenómeno del Niño. Así, el consumo de gas de las plantas térmicas puede pasar de 200 millones de pies cúbicos por día (mpcd) en años con buena hidrología, a 500 mpcd en periodos secos.
La flexibilidad que tenía el sistema de gas, reflejada en contratos de suministro y transporte para los agentes térmicos, desapareció. Mientras en el 2010, la contratación firme de gas de las térmicas era del orden de 400 mpcd, para este año los contratos suman apenas 190 mpcd.
En el 2013, con la resolución 089 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se definió el marco de comercialización del gas, se dio la primera venta bajo este esquema y se efectuó una negociación bilateral. En algunos campos, por ejemplo, los productores asignaron el último lugar a los térmicos, cuando la regulación no definió quién debía ir primero o quién último.
El año pasado, los térmicos lograron comprar 55 mpcd, frente a unas ventas totales nacionales de 255 mpcd. En este momento, ya se había anunciado la muy probable ocurrencia de un fenómeno del Niño, por lo tanto, lo responsable era conseguir el gas para afrontar la sequía, sin embargo, lo contratado fue bajo.
Por ello, atribuir la escasez de gas del país a que los térmicos hayan comprado mucho de este recurso, es una ligereza que pretende disimular el problema de fondo.
A esto toca sumarle los acuerdos que algunos agentes de la demanda lograron en torno al indexador de los contratos de gas, donde el incremento estipulado para todos los usuarios era de 25 por ciento para el gas proveniente del campo Guajira.
Luego, por una decisión política, más que técnica, para apaciguar los ánimos de varios empresarios de la costa, los térmicos quedaron con el incremento de 25 por ciento y el resto de la demanda con un incremento de 4 por ciento. Esto, obviamente, generó una desigualdad que conlleva a la pérdida de competitividad, en medio de la cual ha hecho carrera la frase de que ‘las plantas termoeléctricas pueden pagar el gas a cualquier costo’ y, en consecuencia, no deben hacer parte del mercado de gas porque lo presionan al alza.
Además de absurdo, nada más cortoplacista que esta afirmación, puesto que si ello fuera así, la generación eléctrica de seguridad necesaria para evitar apagones podría ser pagada por los usuarios a cualquier costo, dado que este se traslada inmediatamente a la tarifa de energía. Es un discurso inconveniente que tiene unas fuertes implicaciones sobre la competitividad del sector eléctrico y, obviamente, sobre los usuarios.
¿Cómo solucionar esta coyuntura?
Primero, debemos sincerarnos y establecer una metodología coherente en cuanto a las reservas de gas y de cuánto hay disponible para ser contratado por toda la demanda, incluyendo los generadores térmicos. Si se analizan las cifras oficiales de la Upme, donde se hace un balance entre la oferta y la demanda proyectadas, se evidencia una escasez a partir del 2017. Por otro lado, si se mira la relación reservas-producción, que simplemente toma las reservas y las divide por la demanda actual, da como resultado que hay suficiencia de gas para 14 años. Son dos aproximaciones disímiles que hacen necesario replantear este indicador.
Segundo, es necesario volver a contar con un gas flexible, que evite que las plantas termoeléctricas usen diésel para atender la generación de seguridad que requiere el país. La entrada en operación de la planta de regasificación es urgente.
Tercero, es importante dar señales de precio adecuadas para que los productores de gas continúen sus procesos exploratorios para reemplazar los campos que en la actualidad están en declinación. El fracking es una tecnología interesante que vale la pena ensayar.
Cuarto, se debe poder dar señales de tranquilidad a los transportadores para que desarrollen sus expansiones y asegurar el repago de las mismas.
Como en la historia del ‘patito feo’, ojalá el sector termoeléctrico termine siendo reconocido por la confiabilidad que aporta, por su relevancia en la formación de precios de la energía y se le den salidas a esta compleja coyuntura, para que así vuelva a ser el ‘cisne’ apreciado por todos.
Alejandro Castañeda
Director Ejecutivo de Andeg
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