En la marcha del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos se empezarán a evidenciar falencias que pueden restringir los resultados esperados en convenios de esta naturaleza. En este TLC, la información que reportan los precios de ambos países será crucial en términos comparativos para la toma de decisiones de los dos participantes.
Lo funcional exige contar con precios de referencia que reflejen la realidad del encuentro del grueso de la oferta y la demanda total del mercado; en esa dirección, lo ideal es tener un precio único nacional por producto, resultante de un sistema de formación de precios originado por la concentración, en un mismo mercado, de significativos bloques de demanda y oferta que pujen por la creación de precios justos.
Aunque Colombia cuenta con mecanismos que podrían propiciar este tipo de escenarios de negociación, aún predomina la cultura de ofertas muy atomizadas a lo largo y ancho del país. Las ventas originadas por estos numerosos agricultores se realizan a un reducido número de compradores que suelen tener un gran poder de negociación frente a sus pequeñas y dispersas contrapartes.
Con frecuencia, los productores llegan a las puertas de sus poderosos compradores a ofrecer los productos sin tener un precio de referencia nacional, en medio de su afán por desencartarse de su cosecha sin una preventa al momento de la siembra que les diera certeza sobre sus compradores, y, lo peor, sin claridad de si el incierto precio final de venta le permitirá, al menos, cubrir los costos de producción.
Por tales razones, en Colombia existe una gran dispersión de precios, y en un mismo día y lugar de entrega, se pueden identificar registros de transacciones de un producto idéntico con grandes diferencias. En el caso de la papa, por ejemplo, es normal encontrar brechas del 30 por ciento. Tales distorsiones se observan en casi la totalidad de los productos agropecuarios del país, lo cual deberíamos corregir a partir de la estructuración de mercados eficientes en los que las diferencias de precios tiendan a cero.
Detrás de la ausencia de un sistema de formación de precios nacionales está un modelo de comercialización disfuncional, y eso es precisamente lo que tenemos en Colombia, donde carecemos de varios elementos fundamentales para configurar este sistema estratégico para el desarrollo de un país con vocación agropecuaria.
En términos generales, no hay un marco de incentivos sistémico a las prácticas comerciales ideales, es decir, no hay estímulos generalizados a la venta de productos agropecuarios a futuro, antes y durante la siembra, para reducir así la incertidumbre de precio y la del comprador.
En este mismo sentido, en muchos casos, falta infraestructura y cultura de almacenamiento que refleje planes de venta a un ritmo homogéneo durante el año, independientemente de la estacionalidad de las cosechas, lo que, de implementarse, respondería a un importante requerimiento de las industrias compradoras.
Las estructuras oligopsónicas resultantes de un subóptimo sistema comercial se han focalizado en almacenes de cadena y muchos mayoristas de las centrales de abasto, que contrario a lo que implica un esquema de libre competencia, son actores que tienen un enorme poder de determinación de los precios de mercado, siendo absolutamente dominantes frente a los agricultores vendedores, debido a la marcada diferencia empresarial que existe entre ellos.
Esto ocurre por la ausencia de mercados concentradores de ofertas y demandas que favorezcan la igualdad de condiciones al momento de transar, lográndose por esta vía que los precios resultantes muestren un auténtico equilibrio entre la oferta y la demanda.
En materia agropecuaria, para ser competitivos y efectivos en el TLC con EE. UU., y en otros tratados, es urgente que el Gobierno Nacional y las distintas organizaciones y agremiaciones del sector hagan un uso masivo de las alternativas bursátiles de que dispone el país para reunir agregadamente a los compradores y vendedores, en un escenario de formación de precios de equilibrio.
Igualmente, se deberá transformar el funcionamiento de las centrales de abastos, pasándolas de ser un espacio urbanístico comercial de llegada espontánea de productos del agro a verdaderos mercados, donde se encuentren en condiciones de libre competencia compradores y vendedores, a través de mecanismos que propicien el concurso agregado de grandes unidades de ofertas y demandas.
Un paradigma de estas buenas prácticas es el sistema de comercialización de flores en Holanda, que tiene puntos centrales de negociación administrados por operadores que coordinan subastas, partiendo de una ordenada recepción, clasificación y aglomeración de las flores que permiten presentarlas a la venta en grandes lotes homogéneos en calidad y cantidad.
En ese sentido, las decisiones se basan en una única y completa información de los productos.
La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos ha tomado con un profundo vacío competitivo al no contar con un sistema de formación de precios de referencia para los productos agropecuarios, lo cual nos pone en desventaja con ese país, que tiene maduros esquemas de este tipo. Por tal motivo, es menester que el Gobierno Nacional siga liderando la creación del modelo de comercialización agropecuario que requiere el país con un sistema de precios que guíe las decisiones de residentes y no residentes.
