En el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobada, recientemente, una modificación fundamental para el futuro de los trabajadores independientes, incluidos los rentistas de capital.
La Ley 1753 de junio de 2015, señala expresamente que los ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo cotizarán sobre una base mínima del 40 por ciento del valor mensual de sus ingresos. El Sistema de Presunción de Ingresos será de obligatoria aplicación e incorporado a la planilla integrada de liquidación de aportes. Dicho contribución no podrá ser inferior a un salario mínimo, y debe ser el mismo tanto para pensión como para salud. Es decir, si un independiente reporta a la Dian que tiene un ingreso de 6.000.000 de pesos, deberá, obligatoriamente, aportar a pensiones y salud sobre una base 2.800.000 pesos, lo que implica un pago mensual de 720.000 pesos mensuales, aproximadamente.
En mi opinión, esta medida tiene beneficios para el trabajador independiente: la posibilidad de construir una pensión y garantizar su vinculación al sistema de salud obligatorio. Pero, también tienen retos: es una nueva obligación que nace para quien trabaja como independiente. Hasta ahora, no tenía la contundencia necesaria para cumplirse. Para muchos independientes no cae bien la nueva medida por las exigencias que acarrea. Pero si se piensa a largo plazo, redundará no solo en beneficio propio, sino también en la posibilidad de incrementar nuestros pensionados.
Para hacer cumplir los principios expresados en la Ley 100 de 1993, de solidaridad y sostenibilidad, debe quedar en las bases de datos: lo reportado por los colombianos en sus declaraciones de renta versus los aportes a la seguridad social. Y en ese sentido, la UGPP (entidad que vigila la parafiscalidad o pago de los aportes a la seguridad social), está enviando comunicaciones a quienes han presentado declaración de renta en los años 2013 y 2014, en los cuales se observa que no tienen el mismo nivel de aportes a pensión y salud. Es decir, la información suministrada por los ciudadanos es asimétrica.
A este tema se le debe prestar especial atención, porque la UGPP tiene las herramientas para forzar a los ciudadanos para que aporten a la seguridad en concordancia con su ingreso. Con medidas que apenas se están conociendo y con acceso a la información del sistema financiero y de la Registraduría. En resumen, se debe estar atento a las comunicaciones que dicha entidad está emitiendo y atenderlas.
Desde un punto de vista práctico, no tiene sentido que un individuo le informe al Estado que tiene cierto nivel de ingresos y, por otra parte, no aporte, en la misma proporción, a la seguridad social.
Hay casos de profesionales independientes, con ingresos importantes, que históricamente han contribuido a la seguridad social por un salario mínimo, lo cual me parece una gran equivocación y, por ende, un riesgo desde la perspectiva pensional. Por ejemplo: un médico o un ingeniero que gane 10 millones mensuales y aporten, únicamente, con un ingreso base de cotización de 1.000.000 de pesos, corre el riesgo de que su pensión de vejez sea, en el mejor de los casos, de 650.000 pesos. Y si llega a quedar invalidado, el panorama no es alentador; de manera similar, en caso de fallecer, la situación para la familia no será buena. La reducción del ingreso será alto y afectará directamente la calidad de vida personal y familiar.
En este tipo de casos, el riesgo puede ser grande no solo desde la seguridad social, sino desde el punto de vista disciplinario. La interpretación que está haciendo ahora la UGPP es asimilar esa diferencia –entre el ingreso y la base de cotización a la seguridad social– como una evasión al sistema, por lo tanto, un intento de fraude al fisco.
En mi opinión, con esa connotación, el asunto se vuelve supremamente delicado. A lo que también le apunta el Estado es a incrementar el número de cotizantes al sistema general de pensiones. Esto debe incidir, a corto plazo, en el aumento del recaudo, y, en un horizonte de tiempo amplio, en mayor número de pensionados.
Con el ánimo de ser equilibrados, también es importante entender la realidad que viven muchos independientes: aparentemente, tienen unos ingresos, pero al descontar sus gastos, al final, el neto percibido es inferior al 40 por ciento que define la ley para aportar a la seguridad social.
En resumen, me parece que, en términos generales, la medida incluida en el Plan Nacional de Desarrollo es positiva, aunque tiene grandes retos para comunicarse y reglamentarse adecuadamente.
Por su parte, los trabajadores independientes, tendrán que empezar a aportar de acuerdo a su nivel real de ingresos. Sin duda, es el mejor camino para construir una pensión digna y garantizar una mesada para sus familias.
_1.jpg)
