Las 104 empresas de servicios públicos que operan en Colombia facturan alrededor de 56 billones de pesos (casi el 8 por ciento del PIB). Pero además son importantes porque sin el agua, energía y comunicaciones que ofrecen, sería imposible el desarrollo industrial del país.
Del 25 al 27 de junio, la asociación que las agremia, Andesco, se reunirá en su congreso nacional e internacional, en Cartagena, para dar cuenta de sus logros y desafíos. Portafolio habló con su presidente, Gustavo Galvis, quien adelanta parte del informe. Según él, hay que marcar un antes y un después de las leyes 142 (de servicios públicos) y 143 (llamada Ley eléctrica).
¿Qué tan benéficas han sido estas leyes?
Hay que recordar que el sector eléctrico afrontó el apagón más grande en 1992, con todos los impactos económicos, sociales y políticos. Antes, siempre las grandes sumas las aportaba el Estado y llegó un momento en que la deuda pública por el sector eléctrico era del 30 por ciento, pero a raíz de la Ley de servicios y la Ley eléctrica se crearon unas nuevas formas de prestación entre empresas públicas, mixtas y privadas, y se incentivaron las grandes inversiones privadas y extranjeras en generación.
¿Qué cifras muestran el antes y el después?
La cobertura hoy es de 96 por ciento y en ese tiempo era de 88 por ciento, pero lo más importante es que en 22 años no hemos vuelto a tener racionamientos de energía, mientras que los otros países de la región sí.
Además, esto ha permitido soportar fenómenos de ‘El Niño’ en dos episodios, y con gran seguridad, también el que viene.
Pero aún dependemos mucho del clima para la energía hidráulica.
Tener unas condiciones amables para generar hidroelectricidad implica menos gases de efecto invernadero. Colombia solo colabora con un 0,4 por ciento de las emisiones en el contexto mundial.
Aun así, ustedes plantean como reto el desarrollo de energías alternativas.
Tenemos grandes potencialidades, por ejemplo, para energía eólica, que utiliza el viento. Fuera de eso, por estar en el trópico, hay potencial en energía solar, con zonas como Galerazamba (Atlántico), con un altísimo nivel de radiación solar, pero aun no podemos llegar a niveles como el de California (EE. UU.), donde hay una verdadera central de 600 megavatios. También, están los biocombustibles, donde ya hay resultados importantes, e Isagen está estudiando generar geotermia, que es la energía de los volcanes. Energía nuclear no se prevé en el corto plazo.
Siempre hablan del costo de la energía como un lío para la competitividad del país. ¿Qué tan cierto es?
Un estudio que contratamos ratificó que las tarifas industriales están en un nivel promedio con respecto a los países de la Ocde y mejor que algunos de América Latina. La tarifa industrial de Colombia, sin impuestos, sería de 11 centavos de dólar por kilovatio/hora; México está en 11,7, y Perú, en 6,4 pero tiene subsidiada la generación con gas. Chile está en 15,4.
¿Eso quiere decir que no se puede bajar más el precio?
Claro que sí se puede. La CREG está analizando cómo, sin afectar la seguridad del modelo y no desestimular la inversión.
¿Cuándo habría luces sobre esto?
El proceso de regulación siempre dura más o menos un año, lo cual quiere decir que sería para el 2015.
En telecomunicaciones, ¿están en capacidad de competir las empresas públicas?
Sí, siempre y cuando cumplan con un principio: excelente atención al público y una oferta diferenciada. La capacidad gerencial es otro aspecto clave.
¿Está de acuerdo con la venta de Isagen?
Como en nuestro gremio tenemos posiciones a favor y en contra, mejor no tomo partido.
¿Y con la modificación de los topes antimonopolio en el negocio de energía?
Una excesiva concentración de un bien tan importante como la energía no siempre es adecuado, porque así como puede ser manejado por una empresa muy seria, puede que no. Una modificación de los topes debe ser producto de un altísimo consenso.
Bogotá y Medellín tienen un ‘mínimo vital en agua’ para estratos bajos, ¿sería positivo generalizarlo?
No vemos un gran obstáculo, si se recibe este costo de los municipios o de la Nación, pero la carga no puede recaer en las empresas, porque peligra su sostenibilidad.
¿En agua debe seguir ‘reinando’ capital estatal?
Nos preocupa que a las empresas de acueducto se les genere estímulos para la conservación de cuencas.
Ojalá que se pudiera llegar a que los campesinos que tengan un bosque accedan a una tasa por servicio ambiental. Aunque no hay estudios de cuánto cuesta, el alza en la tarifa sería mínima.
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