En su edición No. 835 de comienzos de este mes, la revista Cambio, en carátula y bajo el sugestivo título de 'Los enviados del pentágono' anunciaba a los colombianos que la base norteamericana de Manta en el Ecuador, iba a ser remplazada por cinco ubicadas en nuestro territorio.
Hubo cierta sorpresa general por cuanto, la información sobre un hecho de tal magnitud, ha debido llegarnos por la vía gubernamental y no por el camino de una seria investigación periodística. El Gobierno ni negó ni desmintió lo que sugería la averiguación de la revista. Siendo un tema tan sensible que se refiere a aspectos cruciales de soberanía nacional y de relaciones con los países vecinos, los ciudadanos esperamos una clara explicación gubernamental.
Sin embargo, no fue así y sólo varios días después, nos cuentan que sí existen esos acuerdos que permitirán la presencia de fuerzas armadas americanas en cinco de nuestras bases militares. Se ha dicho que esos acuerdos tienen como objetivo colaborar en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Es claro que no sólo por compromisos internacionales, sino con nuestro pueblo, Colombia debe cooperar internacionalmente en la lucha contra todas las formas de la delincuencia transnacional, incluidos, desde luego, el narcotráfico, el terrorismo y el mercado negro de las armas.
Esa cooperación no obstante, debe realizarse dentro del respeto a otros principios y valores como el de la soberanía o la preservación de los lineamientos generales de nuestra política internacional.
Una cosa es compartir información, cooperar entregando delincuentes -como lo hemos hecho ampliamente con la extradición- y otra cosa es la presencia permanente de militares extranjeros en nuestro territorio, que además gozarían de inmunidad que los coloca a cubierto de las acciones no sólo de la justicia colombiana, sino de la Corte Penal Internacional.
No sobra recordar el reciente caso de los militares americanos comprometidos en problemas de tráfico de armas para paramilitares y abuso sexual de menores en la base militar de Tolemaida.
Así mismo, es importante recordar algunas normas constitucionales. El Artículo 237 de nuestra Carta Política señala que, "...en los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación, el Gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado...". Y el Artículo 173, que contempla como atribución especial del Senado "...permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República...".
En el mismo artículo de la revista aparece la opinión del ex presidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba, conforme a la cual, no puede tampoco desconocerse el Artículo 9º de la Constitución según el cual, las relaciones exteriores del país, "...se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia".
La necesaria cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, no puede hacerse por fuera del marco constitucional. Además, debe analizarse con toda serenidad el delicado tema de las relaciones con nuestros conflictivos vecinos a quienes no les podemos dar pretextos adicionales para enturbiar, las ya resquebrajadas relaciones.
gomezgomezabogados@cable.net.co
Lucha contra las drogas y bases militares
La necesaria cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, no puede hacerse por fu
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