Ad portas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde uno de los candidatos es el actual Presidente de la República, resulta un juego bastante peligroso el anunciado paro agrario para hoy. En efecto, la respuesta del Gobierno para evitar a toda costa el paro ha sido una lista costosa de mercado que la pagaremos todos los contribuyentes, y que generará señales muy complicadas para los buenos deudores y contribuyentes, y para el conjunto del aparato productivo del país.
Los ofrecimientos del Gobierno a los agricultores en vez de ayudar a solucionar los problemas estructurales de competitividad que aquejan a los diversos cultivos, intentará apagar el incendio de la protesta y las marchas campesinas con más gasolina y sin resolver los problemas de fondo. La respuesta del Gobierno ha sido la condonación de deudas con el sistema financiero y con la Dian, y la asignación de voluminosos recursos para otorgar subsidios al precio del café, el arroz, la papa, etc.
El futuro de los negocios del campo se está asegurando de esta manera. En una economía de mercado como la colombiana, ¿tiene sentido asegurar los negocios privados con recursos públicos? Claramente no. Desde un punto de vista de equidad, otros sectores productivos en problemas tendrían derecho igualmente a que el Gobierno los asegure. Esto no es sostenible ni fiscalmente ni desde el punto de vista de la competencia en una economía de mercado.
Además, como el mayor porcentaje de la producción agrícola, en muchos casos, proviene de pocos productores, las condonaciones y los subsidios terminarán concentrando aún más el ingreso y aumentando la desigualdad en Colombia, que es de las más altas de América Latina.
Los cafeteros, paperos, cebolleros, arroceros y otros tantos productores agrícolas colombianos han sufrido recurrentemente de baja rentabilidad. Las causas son variadas: la caída del precio internacional y la apreciación del peso, en el caso del café, la sobreoferta por buen clima que tumba el precio de la papa, el contrabando, en el caso del arroz, los altos costos de los agroquímicos, que afecta a todos los productores.
Atacar estas causas es un camino de solución. Sin embargo, variables como el precio internacional o el clima son totalmente exógenas. Frente a su comportamiento, lo que debe haber son mecanismos de aseguramiento de los productores frente al riesgo de caídas de precio y tecnologías para el almacenamiento de cosechas cuando estas son abundantes.
Sobre la apreciación del tipo de cambio, algunos abogan porque el Banco de la República vuelva a las épocas del manejo discrecional de la tasa de cambio, olvidándose de que la inflación se salía de madre, el mercado de capitales era insignificante y los mercados financieros eran ridículos.
Las mejores medidas contra el contrabando es que se bajen las excesivas protecciones arancelarias y para-arancelarias que tienen algunos productos agrícolas en Colombia. Es por esa razón que es muy atractivo entrar esos productos al país de manera ilegal. Mientras sucede eso, por supuesto que hay que reforzar los controles en nuestras fronteras, pero siendo conscientes que estas son enormes y el aparato policial no tiene la capacidad de cubrirlas todas.
Para reducir los altos costos de los agroquímicos se requiere mejorar los canales de comercialización de los mismos y combatir los oligopolios en la distribución, si los hay.
Pero detrás de la baja rentabilidad de la agricultura colombiana hay razones más profundas. Entre otras, el bajo nivel de educación y calificación de la fuerza de trabajo en las áreas rurales; la falta de asistencia técnica que procure mejorar la competitividad de la producción; la precaria infraestructura de carreteras, riego y poscosecha; la falta de asociatividad entre productores que permita lograr economías de escala en la adquisición de insumos y mejorar el poder de negociación de las cosechas, y la falta de innovación, que procure aumentar el valor agregado de la producción agrícola.
El Gobierno podría usar mejor los recursos que ha anunciado en dotar a los agricultores de seguros contra los riesgos del clima y del mercado, manejo de la poscosecha para evitar caídas abruptas de los precios, paquetes tecnológicos, a través de asistencia técnica, para migrar hacia sistemas de producción menos intensivos en agroquímicos, que generen mayor productividad y sean más amigables con el medioambiente, esquemas de asociatividad de los pequeños productores para que puedan lograr economías de escala en la adquisición de insumos y maquinaria, acceso al financiamiento y otros servicios financieros a los pequeños productores, capacitación del recurso humano, vías terciarias y caminos vecinales que conecten los centros de producción con los de acopio y los centros de consumo.
Pero para poder llevar a cabo todo lo anterior se requiere no solo de la voluntad política y recursos financieros para hacerlo. Se necesita de una gerencia pública y una organización del Estado con capacidad de desarrollar esas políticas y programas.
El Ministerio de Agricultura y desarrollo rural y sus entidades adscritas en su estado actual es poco lo que pueden hacer. En los Ministerios de Educación, Salud y Protección Social, Infraestructura, los programas para la población rural y las vías secundarias y terciarias, son marginales. Los departamentos y municipios, con contadas excepciones, no tienen la capacidad de coordinar programas de desarrollo rural como los mencionados.
Esta debía ser la agenda de trabajo a acordar con las dignidades campesinas, con los gremios de la producción y las comunidades rurales para que el Gobierno que sea elegido en las próximas elecciones, cualquiera que sea, se ponga al frente.
José Leibovich
Consultor independiente