Se inicia un nuevo periodo de Gobierno que trae muchos lastres del cuatrienio anterior: un sector agropecuario estancado, pero con un crecimiento disfrazado gracias al sector cafetero; una serie de compromisos presupuestales, principalmente subsidios perversos otorgados sin análisis, por la presión de las marchas campesinas. Pero lo más grave es la carencia de una coherente y ordenada política rural.
Sin embargo, es justo abonar la entereza y coraje para formular y poner en marcha un proceso de restitución de tierras.
Con el nuevo periodo de Gobierno se presenta una buena oportunidad para hacer las cosas bien. Se cuenta con instrumentos y elementos para formular una sólida política agrícola.
Si bien algunos de estos instrumentos y elementos presentan dudas en cuanto a su solidez y confiabilidad, otros dan mucha confianza.
Entre los que presentan grandes dudas se encuentra lo negociado en Cuba, dentro del primer punto de la agenda sobre desarrollo agrario integral. Aunque no se sabe en detalle qué se negoció, sí ha trascendido que salió un acuerdo sobre una reforma rural integral, cuyo eje central es cerrar la brecha entre el campo y la ciudad para erradicar la pobreza. Hay acuerdo también sobre el acceso y uso de la tierra, así como las zonas de reserva campesina. Sin embargo, nada se sabe sobre el posconflicto y la incorporación de algunos guerrilleros a la parte productiva agropecuaria y a la sociedad rural.
Otro instrumento con grandes dudas es lo negociado durante los paros agrarios. No se puede definir una política bajo presión. El resultado de lo negociado son elementos dispersos que obedecen principalmente a las angustias de los campesinos en el momento y no pensando en una política para el sector.
De la anterior presión, surgieron proyectos que apoyan los bienes privados como subsidios y ayudas directas a la producción. También, hay proyectos que demandan bienes públicos como asistencia técnica, apoyo a la comercialización, sanidad agropecuaria, vías terciarias, etc. Finalmente, hay unos que no han debido negociarse en ese ambiente, por ser elementos altamente técnicos, como son: los aranceles y la polémica resolución sobre semillas.
El Pacto Agrario genera más incertidumbre que dudas su objetivo es la construcción colectiva de una política pública del sector agropecuario y de desarrollo rural. Sin embargo, se ha desvirtuado con el componente de apoyo a proyectos que apunten al mejoramiento de la competitividad y de la producción agropecuaria, para lo cual ya se destinó un billón de pesos y se hizo en época preelectoral, lo que, como consecuencia, ha llevado a la politización del proceso y de los asistentes a los consejos, donde se plantean los elementos de política. Obviamente, ellos están más interesados en la aprobación de proyectos que en aportar para algo etéreo como es formular políticas.
El Censo Nacional Agropecuario, que está en proceso de terminación, es el instrumento más útil con el que se contará para la formulación de una política rural y agropecuaria. Con el censo se identificarán los productores y sus características, se conocerá la estructura productiva actual, se sabrá sobre el uso actual y la tenencia de la tierra, se conocerá el inventario pecuario real, se sabrá sobre la infraestructura y la maquinaria, habrá un recuento de la vivienda rural y su calidad, se caracterizará la actividad agropecuaria y se realizará inventario de las unidades productivas.
Finalmente, se encuentra la Misión Rural que, por quien la dirige y quienes la conforman, presenta margen de confianza en sus resultados y debe constituirse en la base para la formulación de las políticas públicas e instrumentos de desarrollo rural y agropecuario. Los ejes temáticos son: resaltar el rol de lo rural en el desarrollo del país, el desarrollo rural para el cierre de las brechas sociales, provisión de bienes públicos, desarrollo agropecuario sostenible y competitivo y un arreglo institucional.
Con los instrumentos y elementos mencionados se puede y debe formular una buena política agropecuaria y de desarrollo rural. Sin embargo, su ejecución requiere de un muy fuerte liderazgo por la complejidad de lo rural.
En lo rural, se está tratando con dos caras de la misma moneda, que requieren aproximaciones diferentes, pero que necesariamente se complementan.
Por una parte, se habla del desarrollo rural que incluye actividades como salud, saneamiento, nutrición, conectividad, educación, cultura, recreación, capital humano, seguridad social, vías, vivienda, energía, comunicaciones, ambiente, pequeñas industrias, etc. Todo lo anterior sobrepasa las capacidades del Ministerio de Agricultura.
Por otra parte, está todo lo agropecuario: tierras, tecnología, asistencia técnica, financiamiento, comercialización, cadenas productivas, pequeños cultivadores, agricultura empresarial y desarrollo agroindustrial, etc. Esto sí tiene que ver con el Ministerio de Agricultura.
La complejidad de lo rural sobresale al confluir problemáticas con diversos actores para solucionarlas. Por esto es que el sector rural es un asunto nacional y la solución de sus problemas debe ser colegiada. Aquí es precisamente donde entra a jugar la Presidencia, que es la única instancia con liderazgo para coordinar todo el engranaje que el desarrollo rural y agropecuario requiere.
Lo anterior puede apoyarse con instrumentos como un Conpes o con una ley agrícola, como la de Estados Unidos, que se promulga cada dos años e incluye tanto la parte productiva como de desarrollo rural.
Luis Arango Nieto
Exviceministro de Agricultura
larangon@gmail.com
