El Plan Nacional de Desarrollo busca ordenar el territorio rural y promover el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica.
Hoy en Colombia, solo el 36,4 por ciento de los hogares rurales tiene acceso a la tierra y la incidencia de la pobreza extrema rural es 3,2 veces mayor que la urbana, en ingresos, y 2,5 veces mayor que la pobreza multidimensional, en un país donde el 84,7 por ciento del territorio está conformado por municipios totalmente rurales.
Esta realidad demanda la adopción de políticas públicas que permitan al Estado jalonar un dinamismo económico, que se refleje en las condiciones de vida de los pobladores del campo.
El capítulo de Transformación del Campo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’ fija dentro de sus objetivos ordenar el territorio rural, buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los productores agropecuarios -sin tierra o con tierra insuficiente- y promover el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad.
La iniciativa contemplada en el PND para este fin no modifica el régimen de baldíos y, mucho menos, pretende la acumulación de la propiedad. Sobre eso se debe hacer claridad.
Todo lo que allí se presenta se puede hacer en el marco del artículo 76 de la Ley 160 de 1994, cuyo objetivo es permitir que el Estado tenga una mayor gobernanza sobre sus baldíos y los pueda adjudicar más eficazmente a campesinos pobres.
Para no tener una lectura errada sobre la propuesta del PND, se debe precisar la diferencia que existe entre esta iniciativa y la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre).
Mientras que el objetivo de la norma del Plan Nacional de Desarrollo es adjudicar los baldíos a campesinos pobres en condiciones especiales, la Ley de Zidre promueve la constitución de alianzas productivas entre campesinos, empresarios y propietarios de la tierra para desarrollar proyectos a mediano y largo plazo, con el objetivo de incrementar la productividad del campo en zonas alejadas y con poca infraestructura y baja calidad de suelos.
Otro argumento para diferenciar las dos normas tiene que ver con los destinatarios, pues la propuesta del PND aplica únicamente a trabajadores con vocación agraria, sin tierra o con tierra insuficiente, así como a personas o comunidades que participen en programas de asentamiento o reasentamiento y/o a las comunidades rurales más afectadas por la pobreza, el abandono forzoso y el conflicto. La Ley Zidres aplica a campesinos, empresarios y propietarios de tierra.
Además, la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo aplica únicamente sobre terrenos baldíos reservados con vocación agropecuaria, mientras que la Ley de Zidres se refiere a baldíos adjudicados y a tierras de naturaleza privada, donde la productividad, fertilidad y eficiencia de los suelos es baja.
Así como existe el programa de vivienda de interés prioritario para los más pobres de los pobres, la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo solo quiere dar tierra a los más pobres del campo.
Simón Gaviria Muñoz
Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP)
