Una de las mayores tristezas de la sociedad contemporánea tiene que ver con la forma como se enfrenta el debate político sobre la lucha contra el consumo de drogas. Por desgracia, este tipo de discusiones suelen caer en una interminable lucha entre 'derechas' e 'izquierdas', 'liberales' y 'conservadores' y 'religiosos' y 'ateos', cuyo aporte a la solución, influenciado por una intransigente carga de radicalismo ideológico, conduce a decisiones equivocadas o a la siempre desafortunada colcha de retazos.
En cuanto a la forma en la que se debe enfrentar el fenómeno del consumo de drogas, Estados Unidos siempre es un referente, por la obvia razón de ser el principal consumidor. Según investigaciones Estados Unidos gasta cada año más de 40.000 millones de dólares en la lucha contra las drogas, y arresta anualmente más de un 1'500.000 de personas por posesión y consumo. La eficacia de este enfoque 'criminalista' queda en duda cuando se hace evidente que a pesar de los arrestos realizados por las autoridades se estima que existen en Estados Unidos más de 28 millones de consumidores, con tendencia a seguir aumentando.
Frente al enfoque estadounidense contrasta lo que ha hecho Portugal al 'descriminalizar' el consumo de drogas. En un reporte publicado hace pocos días por el centro de pensamiento Cato Institute, elaborado por Glenn Greenwald, se aprecia cómo con una visión no criminal del consumo de drogas el país europeo ha logrado reducir el número de muertes asociadas con el uso de drogas, al igual que ha aumentado eficazmente el tratamiento de adicciones y se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea con menor incidencia en el consumo de estupefacientes.
¿En qué consiste el enfoque portugués? Sencillamente en dejar de ver el consumo de drogas como una actividad criminal y asumirlo desde una perspectiva administrativa y de salud pública. Al ser Portugal desde el 2001 el primer y único país europeo en 'descriminalizar' el consumo de drogas se ha tomado una serie de decisiones. Si bien se mantiene la prohibición a la compra, posesión y consumo de drogas, no tienen tratamiento criminal quien posea hasta el equivalente al consumo mínimo de una persona para un período de diez días. Sin embargo, se aplican decisiones administrativas por parte de las creadas 'Comisiones para la Disuasión del Consumo', las cuales en 72 horas deben conocer de las infracciones y sancionar, según las circunstancias, con multas, llamados de atención, suspensiones temporales de licencias de conducir o el ejercicio profesional, entre otras.
Aunque las Comisiones, conformadas por un delegado del Ministerio de Justicia, un delegado del Ministerio de Salud Pública y un coordinador de política antidrogas, no pueden obligar a un tratamiento médico, hay incentivos para que las sanciones se suspendan a quienes voluntariamente se sometan a un proceso de rehabilitación.
En paralelo con este enfoque administrativo frente al consumo, las autoridades de policía portuguesas se han concentrado en perseguir a los peces gordos de la cadena criminal de las drogas, produciendo las mayores capturas e incautaciones de las últimas dos décadas.
Portugal llegó a 'descriminalizar' el consumo de drogas producto de las recomendaciones de una comisión de expertos quienes antes que en ideologías se basaron en evidencias e incentivos.
Ocho años después, aunque aún hay mucho por mejorar, ha demostrado que su enfoque es correcto y más eficiente que la represión carcelaria
Vale la pena que en América Latina se considere esta experiencia antes de enfrascarnos en una nueva contienda ideológica sin fin.
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