Durante buena parte de este siglo el sector minero y energético fue el principal motor de la economía colombiana. Gracias al auge de los precios internacionales, de las mejoras en seguridad y de reglas de juego atractivas, el país vivió una verdadera bonanza que se expresó no solo en ritmos de producción históricos, sino en importantes ingresos fiscales.
Tales épocas, sin embargo, pertenecen al pasado. Como es sabido, las condiciones en los mercados globales son otras y prácticamente la totalidad de las firmas del segmento se han visto obligadas a recortar inversiones y costos, con el fin de adaptarse a la dura realidad.
A decir verdad, la desaceleración de las llamadas industrias extractivas había comenzado hace un par de años. Pero solo fue en el 2014 que se observaron síntomas de contracción evidentes, que podrían acentuarse en los meses que se aproximan.
Con el fin de hacer menos forzoso el aterrizaje, el Gobierno dio a conocer en la semana que termina una estrategia. Esta responde al nombre de “Plan de Impulso a la Productividad Extractiva” o Pipex, que consiste en una serie de acciones orientadas a aliviar cargas administrativas, pagos de cánones o cronogramas para el cumplimiento de algunos compromisos adquiridos.
Algunas de las medidas anunciadas han sido incluidas dentro del texto de la Ley del Plan, que hace su tránsito en el Congreso, y que sirve para hacer ajustes puntuales aquí y allá. Otras responden a labores de organización interna del Estado, que a veces no camina en la misma dirección. En ambos casos, se trata de que el país mejore su competitividad relativa, para que los recortes sean menos pronunciados.
Falta ver si así ocurre. Según una encuesta contenida en la ‘Brújula Minera’, 40 por ciento de los directivos del ramo dijeron que sus empresas expandirán operaciones este año, 22 puntos menos que en el 2014. En otras palabras, la locomotora ha perdido vapor. Y mucho.
Ricardo Ávila Pinto
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