El partido Liberal está promoviendo un referendo para echar atrás el Acto Legislativo por el cual se reformó recientemente el régimen de las transferencias a departamentos y municipios. Ya recogió un número significativo de firmas ciudadanas y se dispone a intentar la convocatoria de un referendo revocatorio. El Gobierno, a su turno, anuncia que se opondrá con toda energía a la iniciativa del Partido Liberal.
Creo que en esta controversia le asiste la razón al Gobierno. En primer lugar, porque la vía del referendo no es la adecuada para consultar a la ciudadanía sobre asuntos de impuestos o fiscales. La ley colombiana y muchas legislaciones extranjeras (como la italiana) prohíben que se utilicen los mecanismos de consulta popular para asuntos tributarios. Y es lógico. La reacción primaria de la gente en este tipo de consultas es rechazar todo lo que tenga que ver con impuestos, sean éstos justificados o no. Claro, acá en rigor, el Partido Liberal está promoviendo una consulta sobre transferencias y no sobre impuestos. Pero aún así, la objetividad en el juicio político es esquiva y puede prestarse a visiones caricaturales del asunto consultado.
Pero en segundo lugar, y esto es lo más importante: el último acto legislativo no desmejoró a los departamentos y municipios con relación a como venían funcionando las cosas desde el 2001. Por el contrario, las transferencias son hoy en día las partidas presupuestales mejor blindadas contra cualquier intento de recorte.
Desde luego, si la comparación se hace, no con relación a las reglas de juego que quedaron trazadas desde el 2001 sino, con las pautas que se señalaron en 1991, podría argüirse que la descentralización ha sufrido algún menoscabo con la reforma que se aprobó en el 2007. Pero volver a los parámetros del 91, a estas alturas resulta imposible económicamente y fiscalmente suicida.
La mejor prueba de que no hay recorte en el sistema general de participaciones la encontramos en el presupuesto del 2008, que se diseñó con base en los lineamientos del nuevo Acto Legislativo.
Las transferencias para el 2008, ascenderán a 19,3 billones de pesos con un incremento del 10,3 por ciento frente al nivel que alcanzaron en el 2007. Es decir, crecerán al doble de como lo hace la inflación. Probablemente, ninguna otra partida presupuestal tiene asegurado un ritmo de crecimiento igual a éste.
Lo anterior, no significa que el Gobierno no practique un talante centralizador avasallador. Pero esto lo refleja más en otros campos que en el de las transferencias. Como cuando desde los consejos comunales o desde el plan de carreteras denominado 'Plan 2500', otorga desde el nivel central platas para vías secundarias y terciarias cuya asignación debería corresponder a las entidades territoriales. O cuando para complacer intereses regionales -en un gesto de claro clientelismo centralizante- hace incluir en el presupuesto nacional y en el Plan de Desarrollo partidas que deberían ser priorizadas no por el Gobierno de Bogotá, sino por los departamentos y municipios.
Ese es el espíritu centralizador que hay que combatir. Pero esto no se hace a través de referendos reformatorios de la Constitución, sino mediante un control político valeroso y cotidiano. Control que desafortunadamente, se ha vuelto temeroso y esporádico por estos días.
