Desde la época en que Rafael Núñez, en el siglo XIX, decidió publicar sus reflexiones en El Cabrero, en Cartagena bajo el nombre de Reforma Política, nos acostumbramos a darle ese pomposo nombre a cuanta modificación -a veces sin sentido- le hacemos a la Constitución.
Una de las últimas fue la del año 2003, que trató entre otras, de organizar los partidos a través de los mecanismos de las bancadas que hasta ahora no han funcionado.
La que ahora se debate en el Congreso no se salva de esa consideración. En el fondo es un engaño al país.
Hay que recordar que en todas nuestras Constituciones ha existido una norma que impide ser congresista a quien haya sido condenado por delitos, con excepción de los culposos y los políticos.
Luego, decir que a quien se condene en sentencia ejecutoriada que toma cinco o seis años en Colombia, no puede ser parlamentario, es una mala repetición de lo que ya existe.
Lo mismo puede señalarse de la supuesta 'silla vacía' -la sanción al partido que avala a un candidato condenado por vínculos ilegales- ya que se aplicaría no de manera inmediata, sino cuando haya sido 'condenado' en sentencia ejecutoriada.
Hay que recordar que cuando inició este proceso de la 'parapolítica', los partidos -todos- comenzaron a hacer el gran show mediático de suspender a sus congresistas con la sola iniciación de una diligencia preliminar. Hoy hay indagatorias, medidas de aseguramiento, resoluciones de acusación y condena, y nadie se volvió a acordar de esas 'suspensiones'.
Todo esto nos indica que como siempre, el problema no es cambiar la ley, sino tener la voluntad política de cumplir lo que hay.
Fue además vergonzoso la forma como obviaron los evidentes impedimentos derivados de que muchos de los congresistas directa o indirectamente se verían beneficiados con la reforma.
Lo mismo que se hizo al aprobarse la primera reelección en donde se utilizó igual subterfugio, cuando congresistas que tenían la misma causal (tener parientes en el gobierno), negaban los impedimentos de quienes se encontraban en idéntica situación.
Por esa causa los magistrados disidentes, entre ellos Jaime Córdoba Triviño, propusieron que se cayera la reforma constitucional que autorizó la modificación de la Carta Política con nombre propio. Igualmente, había un claro conflicto de intereses de los parlamentarios que aprobaban una norma para impedir que eventuales competidores suyos, diputados o concejales, llegaran también al parlamento.
La bancada uribista además derrotó una propuesta para que en las listas a corporaciones públicas, por lo menos el 30 por ciento de los escaños, fueran adjudicados a mujeres. En esto, los partidos siguen con el discurso de igualdad de género, que se abstienen de hacer efectivo cuando se trata de tomar determinaciones concretas.
No vale la pena seguir engañando al país con el cuento de la reforma política. Lo que con tal nombre se ha aprobado dista mucho de lo que en verdad habría que hacer para cambiar en serio las costumbres políticas en la nación.
El peor engaño es constitucionalizar el transfuguismo que tanto daño le ha hecho a la democracia, permitiéndoles a los congresistas, muchos de los cuales ya han cambiado de partido, que lo vuelvan a hacer sin incurrir en doble militancia.
Es darle carta de naturaleza constitucional al 'volterearepismo' en política.
Una vez más, el 'fetichismo constitucional' oculta la realidad de tratar de dejar en el fondo las cosas como están. El país tiene derecho a pedirle más seriedad al Congreso.
gomezgomezabogados@cable.net.co
¿Cuál reforma política?
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