El Gobierno del presidente Santos tuvo el buen juicio para incluir en su Plan de Desarrollo algunas medidas que se han necesitado en el país por largo tiempo, relacionadas con el mercado de licores, para mejorar su funcionamiento y modernizarlo. Para sacarlo del estado de atraso inconcebible en el que se encuentra desde que Colombia es independiente y los españoles nos dejaron ese triste legado. Las reformas que se introducían buscaban unificar los impuestos que pagan hoy los licores, basándolos en su nivel de alcohol, como debe ser (a más alcohol, más impuesto) y reducir el asombroso nivel de discrecionalidad que hoy caracteriza este sector, haciendo que las decisiones de acceso se basaran en criterios objetivos y que existiera un regulador independiente.
El Congreso de la República, en una decisión incompresible, que tomó sin mucha discusión y análisis, hundió esos artículos. Hizo caso omiso del interés general. Se escucharon argumentos como que los departamentos perdían, que la educación y la salud se quedaban sin plata, que como era posible que una botella de whisky, que vale 200.000 pesos, pague los mismos impuestos que una de aguardiente, que cuesta 25.000 pesos, que la industria nacional se iba a acabar, y algunos otros de ese estilo. Todos ellos pura ficción. Veamos la realidad.
En los últimos años (desde 1991), periodo en el que se ha profundizado el actual esquema de discriminación y privilegios, lo que ha pasado es que de casi veinte licoreras departamentales que existían en los años 90, hoy solo queden seis y, lo peor, solo una de ellas produce ganancias para su departamento. Basta decir que las licoreras hoy producen solo el 4 por ciento de los ingresos departamentales. Pero, peor, mientras esto pasaba, el mercado de licores perdió 47 por ciento de su participación dentro del PIB total. Si solo hubiera mantenido su participación, hoy tendríamos casi 400.000 millones de pesos de recaudo tributario adicional que irían directamente a los departamentos a sectores como salud y educación. Para entender la magnitud, ese valor equivale casi a la mitad de lo que hoy se recauda por un punto de impuesto a la renta.
Pero eso no es lo más grave. El peor perjuicio lo aguantan los consumidores, que tienen que pagar mayores precios que en el resto del mundo por los mismos productos, se enfrentan a mucha menos variedad y, por tanto, se ven obligados a comprar productos de contrabando y adulterado, con los peligros para la salud que esto conlleva. Se calcula que el mercado de contrabando es del orden de los 1,2 billones de pesos, que promueven la ilegalidad, fomentan el lavado de activos, financian otras actividades ilícitas y, por supuesto, le restan recursos a la salud y educación y ponen en peligro la vida de los que los consumen.
Es decir, es el sistema actual, el que por 25 años ha generado los males, que se decía, llegarían como resultado de la reforma. Los que realmente se han beneficiado del esquema actual, basado en privilegios y falta de transparencia, son los contrabandistas, adulteradores, los ilegales y unos pocos actores legales que han encontrado un nicho de negocio y no se lo dejan quitar ¿Y quién paga? Los consumidores, a través de precios más altos y del contrabando, los departamentos, por menores recaudos para salud y la educación, y todos los colombianos que no contamos con una industria de licores fuerte, que exporte y genere ingresos y empleo para la gente.
Simplemente, en un mercado tan distorsionado y poco transparente es imposible que una industria se desarrolle. Esto lo han comprendido en el resto del mundo y se han tomado medidas de eliminación de privilegios y discrecionalidad, que han creado verdaderas revoluciones de industrias competitivas y generadoras de divisas, ingresos y empleo, en países tan diversos (y algunos menos desarrollados que Colombia) como Guatemala, México, Venezuela, Estados Unidos y Suecia. Eso, precisamente, era lo que se buscaba corregir.
Entonces, la pregunta que surge es ¿cuánto tiempo más debemos esperar para solucionar estos graves problemas e introducir reformas que nos beneficien a todos? Cada año que pasa, los colombianos perdemos, como mínimo, 400.000 millones de pesos para salud y educación que irían a los departamentos. Además, somos testigos de cómo el contrabando y la adulteración crece y crece y, de manera importante, vemos cómo en otros países se producen licores de alto valor agregado (tequilas, rones, vinos) que se exportan, y originan empresas modernas que generan empleo.
Por eso, estamos en un momento clave: uno que exige apoyar los esfuerzos del Gobierno para acabar con el adefesio actual que solo ha traído pérdidas para todos e ilegalidad para Colombia, como sociedad
Mauricio Santa María
Exministro, consultor del sector importador de licores