La reciente firma del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es la mejor prueba de la inmadurez como los países latinoamericanos consideran que debe adelantarse la integración de la región y al mismo tiempo constituye un punto de comparación para explicar, porqué avanza la integración en la Unión Europea y en cambio se encuentra estancada o en franco retroceso en América Latina.
Mientras en Europa todos los cambios institucionales, a partir del Tratado de Roma de 1957, pasando por el Acta Única (1986) hasta llegar al Tratado de Lisboa (2007), han constituido un esfuerzo colectivo para profundizar y ampliar el proceso de integración a través de instituciones e instrumentos eficaces y coherentes, no solamente para atender al funcionamiento de una unión que se ha ampliado a 27 miembros, sino también a las rápidas transformaciones del mundo actual. En América del Sur, los cambios que se han producido han sido solo para dar palos de ciego, sin ninguna visión estratégica de largo plazo.
Del Tratado de Montevideo de 1960, que creó con la Alalc una zona de libre comercio, se retrocedió en 1980 a un simple sistema de preferencias arancelarias con el establecimiento de la Aladi.
Simultáneamente, se crearon los procesos subregionales de la Comunidad Andina y Mercosur, que inicialmente tomaron cierto impulso, pero que hoy se encuentran en una postración total, y Chile se abrió en los años setenta para buscar una integración con el mundo y no con la región.
Lo que procedía era buscar una convergencia de estos procesos parciales y ampliar el proceso a otros temas, estableciendo compromisos concretos e instituciones fuertes que garantizan el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, el Tratado Constitutivo de Unusar es, en el fondo, un acta simplemente declarativa que, en la parte programática, apenas le permite cumplir funciones de consulta y coordinación política similares a las que ha desarrollado con tan poca eficacia el Grupo de Río, y, en la parte institucional, adopta el mismo débil esquema de la Aladi, con un sistema impreciso de votación que no aclara exactamente qué pasa cuando los Estados Miembros no participan en las decisiones. Los actos normativos de Unasur no entran automáticamente en vigencia en los Estados Miembros a partir de su aprobación, sino que requieren su incorporación en el derecho interno. No se prevé un sistema de solución de controversias.
Los únicos compromisos concretos se encuentran en la Declaración de Margarita sobre la integración energética del sur (abril 2007), y en la propuesta de crear un Consejo de Defensa, cuestionado por Colombia, para promover el diálogo, no solamente militar, sino político entre las Cancillerías y los Ministerios de Defensa de la región, reducir los conflictos y desconfianzas y sentar las bases para la futura formulación de una política común en esta área. En estas circunstancias Unasur es apenas un mascarón de proa, una figura decorativa de América del Sur, sin capacidad para engendrar un verdadero proceso de integración, que sirve sobre todo a Brasil para perfilar su liderazgo en la región, no solo internamente, sino frente a la comunidad internacional.
