Se ha puesto de moda empezar a discutir los posibles costos del posconflicto, lo cual es una buena noticia porque en la mente de los colombianos -con excepciones-, empieza a tomar forma la idea de que vendrán épocas sin guerra.
Sin embargo, este debate que apenas comienza sobre cuánto costará la construcción de la paz y la reparación de las víctimas, debe empezar por definir qué se entiende por posconflicto.
De lo que realmente se espere de esta nueva etapa de la vida nacional, dependerá el esfuerzo fiscal que deba realizarse, pero también las otras demandas sobre el Estado, su funcionamiento y el esfuerzo que deba realizar la sociedad en su conjunto.
Por posconflicto se puede entender una gama de alternativas que van desde aquellas que se desprenden de la reducción del conflicto armado -desarme, desmovilización y reintegración y reparación de víctimas-, hasta su versión más amplia que sería definir esta nueva etapa como la gran oportunidad del país para replantearse como democracia, como Estado Social de derecho y como una verdadera sociedad menos desigual, competitiva y moderna.
Sin desconocer que es fundamental entender y medir los costos directos de reparar los daños inmensos que ha sufrido el país, y concretamente los 6 millones de víctimas directas, para quienes somos críticos de la Colombia de hoy, lo mejor sería tomar el pos-conflicto como la gran oportunidad para replantearnos lo que somos y en lo que nos hemos convertido. Este proceso será largo, y con costos altísimos de toda naturaleza pero valdrá la pena porque son muchos los problemas acumulados a lo largo de estos más de cincuenta años de conflicto armado. Por la fuerza de las circunstancias, muchos de los esfuerzos fiscales se concentraron en derrotar la guerrilla o en alcanzar su debilitamiento. No obstante, hay muchísimo más que no obedece al hecho de vivir ‘una guerra rural’, como afirman los miembros de Memoria Histórica.
Durante las décadas que nos ha tocado vivir, hemos visto florecer vicios tan graves como la profunda corrupción de todos los niveles de la sociedad.
Los avivatos que pululan en un país que ha perdido muchos de los valores que alguna vez tuvo (o que debería tener), han encontrado la forma de enriquecerse rápidamente y sin dolor, ante los ojos de autoridades que desconocieron la falta de transparencia de muchas actividades, como la educación y la salud, entre otras.
Las nuevas fortunas ya no son solo de los narcotraficantes, hoy menos protagónicos y más globalizados, y por consiguiente, difíciles de identificar.
Actualmente, familias enteras han convertido la prestación de servicios en lucrativos negocios sin que existan los mecanismos eficaces y oportunos para identificarlos y castigarlos.
Dañar esta relación perversa entre lo público y lo privado, es una de las tareas más difíciles que tienen que realizarse para que el país pase de la guerra a la paz. Estos y muchos otros cambios impostergables no son fáciles de cuantificar, pero serán procesos dolorosos en un país donde el dinero fácil es la meta y la puerta de entrada a los altos niveles de esta sociedad tan estratificada.
A su vez, precisamente por seguir siendo un país profundamente desigual, es fundamental reconstruir la base productiva del país. El sector rural, escenario por excelencia del conflicto, requiere una profunda reingeniería que se mide en billones de pesos. Además, se enfrenta al reto de destruir barreras que han hecho de Colombia un país con una concentración de la tierra vergonzosa y reducir la brecha rural urbana porque el progreso ha sido fundamentalmente urbano.
Esto, para no hablar de la necesidad de tener el desarrollo industrial que, con un agro moderno, pueda ofrecerse como salida a la pobreza. Ahora, ¿esto es posible con esta educación y salud pobre para pobres? ¿Cuánto valen estos cambios? Billones y billones de pesos.
ALGUNAS CIFRAS
Según proyecciones de la Comisión de Paz del Senado de la República, el país necesitaría entre 6,3 y 7,4 billones el próximo año, y entre 23,3 y 27,3 billones en el resto del cuatrienio. Estos recursos irían, principalmente, a reconstruir el tejido social y las necesidades físicas de los habitantes de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Se trata de inversiones en las áreas de agricultura, salud, vivienda, educación, justicia, fortalecimiento institucional, infraestructura y vías. En estos cálculos la reparación a víctimas tan solo se toca de manera tangencial, lo que, de incluirse como un rubro aparte, aumentaría mucho más estas estimaciones preliminares.
CÓMO SE FINANCIA
Si el posconflicto se toma como la gran oportunidad, no solo se necesitarán cifras astronómicas, sino que se debe replantear la forma como se gastan los recursos estatales e inclusive los de la sociedad. Sin duda, seremos los colombianos los que financiaremos el posconflicto porque el famoso ‘Plan Marshall’ del Presidente Santos, terminará en créditos que pagarán las generaciones futuras, para no hablar del empleo a los millones de desempleados que hay en Europa que será una de las condicionalidades. Toca pagar más impuestos y lo importante es que estos sean equitativos (a cada individuo, según sus posibilidades reales). Del 14% de Impuestos sobre PIB tendremos que llegar al 20 o 25% más temprano que tarde.
Pero, ¿cómo se gastan los recursos públicos, e incluso los privados en relación a la provisión de servicios? ¿Cómo es posible que muchos fondos públicos, aun de entidades cuyo objetivo son los pobres y las víctimas, terminen en manos de unos pocos? La tercerización, el uso de operadores para la ejecución de recursos, requieren una revisión de fondo. Una mejoría sustantiva en la asignación de recursos públicos y su reorientación a objetivos de posconflicto permitirá financiar esta nueva etapa sin necesidad de dejarle a futuras generaciones una inmensa deuda.
Cecilia López Montaño
Exministra - exsenadora