La representación del modo de vida en Colombia sobre la necesidad de producir otra actitud, en razón de la política pública de los hidrocarburos y minero-energética, invita a tener otra mirada para que la economía de estos recursos no renovables se justifiquen para la paz y no para la guerra, es un ‘arma’ que requiere de una política clara, planificada, que enuncie el proyecto político de desarrollo social y económico, las relaciones de sus habitantes con la naturaleza para construir bienestar.
Es una exigencia para lograr en el petróleo precios en rangos estables; que se haga diferencial la coherencia de una política pública y proyectos; impulso a procesos no convencionales en el gas, contemplando opciones energéticas para el sistema vehicular; innovaciones al biodiésel, alternativas sostenibles de consumo de derivados hacia el mercado del transporte; avanzar en la tecnología para procesar la gasificación del carbón, aumentar la eficiencia en procesos de conversión en otros productos; explotación del hidrógeno y capturas en el carbón; fomentar las energías renovables. Todas estas son pedestales para repensar en servicios sobre fuentes no convencionales de energía para seguir identificando necesidades, prioridades de investigación con el uso de tecnologías limpias, seguridad y confianza ambiental.
Los juegos de roles y desafíos sobre las bases de la política minera y de hidrocarburos constituyen luz en la oscuridad, camino a obtener mejoras en la explotación de los minerales que conlleven, por qué no, combinar agricultura con minería e industria, una explotación sostenible, socialmente responsable, ambientalmente amigable, con valoración de las comunidades vecinas para la paz y el progreso. Pero estos retos no pueden estar en cabeza solo del Ministerio de Minas ni individualmente en la ANM y la ANH, sino mediante un sistema novedoso de articulación y gestión, enmarcado en un circuito planificado.
Pensar en las causas y efectos en busca de mejoras en el sector minero, reconociendo el fortalecimiento institucional que ha venido dándose en este Gobierno, contemplando los factores de licenciamiento ambiental, la relación entre minería con la expresión tierra, modificación con innovaciones diferenciales al código de minas, entre otros, implican reconocer el valor público que representa para la economía la inserción de instrumentos multiplicadores, sistemas productivos encadenados y clúster regionales, que no son elementos ajenos a la minería, sino que constituyen opciones hacia una minería posible.
La redefinición del papel del Estado en los hidrocarburos y la mineroenergética frente a las negociaciones entre Gobierno y grupos alzados en armas debe permitir una tercera vía, que conduzca a darle punto final a la minería ilegal y criminal. La opción en cualquier vía es lograr la ejecución de la política pública y el buen gobierno.
Priorizar objetivos sobre el valor público que representa la territorialización de esas economías para construir el gobierno en el marco de la legitimidad, implica seguir intensificando los principios de la política social, avanzar en la territorialización en espacios mineros que represente transformaciones del Estado, con dimensiones claves sobre decisiones innovadoras, avances en los mecanismos de participación entre Estado, universidad, sociedad organizada y empresas como elementos esenciales para ir encontrando la paz desde esta orilla de la economía.
Ricardo Arquez B.
Docente de Políticas Públicas Ambientales, U. del Bosque
