La semana que termina fue generosa en noticias. Sin embargo, pocos titulares recibieron más atención que el que reportó que Colombia y Panamá habían alcanzado un acuerdo para firmar un tratado relativo al intercambio de información tributaria, cuya firma debería tener lugar a mediados del próximo junio.

Después de muchos ires y venires, el humo blanco salió tras una reunión entre el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y su homólogo del istmo, Dulcidio de la Guardia. Ambos funcionarios lograron solucionar las diferencias pendientes tras el último encuentro entre los equipos negociadores que tuvo lugar en Bogotá a mediados de abril.

Entre los puntos destacables hay que mencionar que en un comienzo la entrega de datos de un contribuyente será el resultado de una petición específica, mientras que a partir del 2018 se hará de manera automática. Con el fin de evitar cargas injustificadas, será firmado un tratado para evitar la doble tributación, aplicable únicamente a aquellas firmas que tengan actividades verificables en uno y otro lado. Adicionalmente, los fondos de pensiones tendrán un tratamiento particular para que puedan seguir invirtiendo en el país vecino.

Más allá de los detalles, es indudable que el anuncio significa una victoria para la administración Santos, que desde hacía rato tenía el tema entre ceja y ceja. Los datos confirman que Panamá es un destino preferido para capitales provenientes de Colombia, por lo cual la administración tributaria aspiraba a cerrarle espacios a potenciales evasores.

Tal como lo señaló Cárdenas, tener dinero en el extranjero no es delito, pero no decirlo sí. En consecuencia, la aspiración gubernamental es que en las declaraciones de renta de este año se comiencen a legalizar los activos no reportados, aprovechando las ventajas que concede la ley. Esa normalización debería impulsar el recaudo de impuestos en estos tiempos de estrechez.

Ricardo Ávila Pinto
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