A primera vista, el comunicado que expidió ayer la Corte Suprema de Justicia al confirmar la declaratoria de ilegalidad de la huelga de los pilotos de Avianca afiliados a Acdac, concierne tan solo a la aerolínea. A fin de cuentas, ahora la compañía queda en libertad de sancionar a aquellos que lideraron un cese de actividades que generó incontables trastornos y cuantiosas pérdidas para la economía.
Pero más allá de las determinaciones que tome la empresa, la decisión es trascendental al ratificar que un sindicato de industria de carácter minoritario no puede paralizar las actividades de una organización, pues para ello se requiere el voto mayoritario de todos los trabajadores afectados. En la presente oportunidad, un grupo de 699 aviadores impactaron con fuerza a una compañía de más de 8.000 empleados.
Por otra parte, el alto tribunal le dio validez al principio de servicio público esencial. El mensaje que se les envía a las organizaciones que agrupan a quienes laboran en campos como la educación o la justicia señala que el límite del derecho a la huelga pasa por el bienestar de la población afectada. No menos importante es recordar que la caracterización es prerrogativa de cada país, algo aceptado por la Organización Internacional del Trabajo.
Los expertos en estos asuntos seguirán expectantes a lo que diga el fallo, pues aquí es clave la manera en que se exprese la jurisprudencia. Sin embargo, desde ya el mensaje es que no todo vale y que los pasos en falso tienen consecuencias.
Así lo comprobarán los pilotos de Avianca que resulten castigados, una vez se cumplan los procesos disciplinarios internos. La probabilidad del despido es alta para aquellos responsables de una parálisis que no dejó ganadores. Tal como se ha dicho hasta el cansancio, aquí perdieron la aerolínea, los usuarios, los prestadores de servicios turísticos, los exportadores y el país. A esa lista se suman ahora aquellos que querían volar más alto y se encontraron con un aterrizaje forzoso.
