Aquel conocido refrán según el cual “la justicia cojea, pero llega”, bien podría aplicársele al accionar de la Fiscalía General ayer. Según el ente acusador, seis personas fueron detenidas en desarrollo de las investigaciones que tuvieron como origen “los papeles de Panamá”, nombre con el que se conoció la filtración de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca, con sede en el istmo.
Los delitos que motivaron el arresto van desde falsedad ideológica en documento privado, pasando por concierto para delinquir y lavado de activos. Todo por cuenta de los esquemas construidos con el propósito de defraudar al fisco, los cuales incluyeron la conformación de sociedades de papel, contratos de servicios ficticios y facturas falsas.
Es verdad que los sindicados son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Sin embargo, el mensaje que se les envía a los evasores muestra que las autoridades no solo han mejorado su capacidad de hacer pesquisas, sino que la justicia penal empieza a ser aplicada, con penas de prisión que pueden llegar a ser ejemplares.
Además, acusar a los asesores jurídicos de formar parte del complot, manda una señal de cero tolerancia que será escuchada por más de uno. Si en el pasado hacerle esguinces al fisco podía ser tentador, ahora el castigo servirá de poderoso argumento disuasorio.
Tras lo sucedido, es de imaginar que muchos evasores volverán a meditar si vale la pena arriesgarse a estar por debajo del radar de la Dian. La reflexión vale la pena hacerla, sobre todo porque quedan unos pocos meses antes de que venza la posibilidad de normalizar los activos no declarados, con una penalidad del 13 por ciento. Al respecto, la administración se ha encargado de recordar que recibió los datos de cuentas bancarias de los colombianos en Estados Unidos y 30 países más, correspondientes al 2016.