A mediados de diciembre era prácticamente imposible encontrar un analista que creyera que el nuevo nivel del salario mínimo, que comenzó a regir desde el primero de enero, fuera decidido por consenso. El motivo es que las posturas de sindicatos y gremios eran tan distantes que encontrar un punto que resultara aceptable para las dos partes se veía como algo irrealizable.
Sin embargo, el oficio de mediación que tuvo a su cargo el Ministerio del Trabajo consiguió lo que nadie creía. La remuneración mensual, que en principio beneficia directamente a cerca de 2,5 millones de personas, acabó siendo respaldada por todas las partes que integran la mesa fijada para tal fin.
Aunque en principio el alza tiene un grupo objetivo definido, la verdad es que su impacto va mucho más allá. Para comenzar, servirá de referencia en los incrementos que hagan las empresas a sus empleados, mientras que en el caso de los pensionados también habrá un nuevo piso, que no le saldrá barato al fisco.
Y es que el aumento del 5,9 por ciento superaría en casi dos puntos porcentuales a la inflación proyectada para el año pasado, cuyo dato definitivo está cerca de conocerse. Puesto de otra manera, el poder adquisitivo de un gran número de hogares será mayor, así el público en general le parezca que la mejoría es despreciable. Tal vez el trago más difícil de pasar es para las finanzas públicas, pues las cuentas de Colpensiones se verán afectadas por lo decidido, ya que la Corte ha indicado que hay un piso establecido, que es este.
Ahora falta ver si un mínimo superior a lo que determinaban los cánones de la ortodoxia se traduce en un consumo más elevado. Esa es la esperanza de quienes sostienen que a mayores salarios, mayor demanda, una ecuación que no siempre funciona, de acuerdo con un buen número de economistas. Otros, en cambio, señalan el peligro de que la inflación vuelva a tomar velocidad, debido al comportamiento de los costos laborales. Habrá que ver qué sucede esta vez.