Si se toman como base las señales previas a la decisión, podría afirmarse que pocos se sorprendieron con la sanción impuesta ayer por la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de las tres principales cementeras que operan en el país: Argos, Cemex y Holcim. De acuerdo con la entidad oficial, las firmas en cuestión hicieron paralelismo consciente de precios, como lo demostraría el comportamiento del valor del material de construcción durante los años 2010 a 2012, que fue el periodo objeto de investigación, y habría sido muy superior al índice de inflación.
De poco valieron los alegatos que hicieron las compañías castigadas en su defensa. Tal como ha sido la norma en otros casos similares, la SIC mantuvo la línea argumental esbozada en un comienzo para justificar el castigo que llegó al máximo permitido por la ley en dos de los tres imputados.
No obstante, en contraste con lo ocurrido antes, en la presente ocasión fue notorio el tono con el cual las empresas puestas en la picota pública dijeron que harán uso de las instancias a su disposición para controvertir la que consideran una pena injusta. En lugar de hablar discretamente, el mensaje abierto es que vendrá un recurso de reposición y, si se confirma lo dicho, una demanda ante el contencioso administrativo.
La razón no tendría un fundamento económico. Aunque las multas en su conjunto se acercan a los 200.000 millones de pesos, los analistas muestran que el efecto sobre la solidez financiera de cada una de las cementeras mencionadas es relativamente menor.
Dicho de manera descarnada, ninguna tendrá grandes dificultades para hacerle el giro a la SIC, así sepa que los recursos quedarán congelados hasta que el Consejo de Estado emita un veredicto definitivo dentro de varios años.
Por el contrario, aquí lo que está en juego es la reputación empresarial, que equivale al honor en las personas. Y lo que desean dejar en claro las compañías señaladas, es que harán lo posible por defender su buena fama.