El Gobierno de Nicaragua que preside el sandinista Daniel Ortega exhortó el pasado sábado a la comunidad internacional a suspender toda sanción contra el Estado nicaragüense en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en abril pasado y que ha dejado cientos de muertos, de detenidos y miles en el exilio.
En un comunicado, en el que dio a conocer cinco puntos de la agenda para ser discutidos en la mesa de negociación que mantiene con una alianza opositora, el Ejecutivo hizo “un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense, para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”.
El Gobierno sandinista hizo ese llamado un día después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua declinará participar como testigo y acompañante en la mesa de negociaciones, con la que buscan superar la crisis que estalló en abril pasado. También, luego de que su contraparte en el diálogo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, anunciara que reconsiderará su participación en ese foro tras la decisión del Episcopado de no participar en ese proceso y exigieran al Ejecutivo diera “señales de voluntad política” para continuar con dichas negociaciones.
Sobre Nicaragua penden más sanciones de Estados Unido con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados. Además, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo. En su comunicado, el Gobierno explicó que presenta cinco puntos de agenda porque están “comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y el respeto al orden constitucional de Nicaragua, y tomando en cuenta que las elecciones presidenciales y legislativas están establecidas para el 2021”, con lo que descarta adelantar las elecciones, que es una de las demandas de diversos sectores.
La Alianza Cívica ha dicho que exigirá la liberación de todos los detenidos por protestar contra el Gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías previstas en la Constitución, así como reformas que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.
Sin embargo, las negociaciones, han quedado en el limbo tras la decisión de los obispos de no participar en ese proceso.