Son incontables los casos que dejan mal parada a la justicia colombiana, tanto por su falta de efectividad como por sus fallas a la hora de imponer castigos. Dentro de esa lista, lo sucedido con Andrés Camargo, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) durante la primera administración de Enrique Peñalosa, merece un capítulo aparte.
Y es que a lo largo de años el exfuncionario ha debido defenderse de acusaciones que supo enfrentar con valor, siempre proclamando su inocencia, por el tema de las losas de TransMilenio. Sin entrar en los méritos de cada proceso, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia acaba de ratificar una condena de un lustro de cárcel en su contra, después de recibir la instrucción de la Corte Constitucional de revisar una tutela, que había rechazado en primer lugar.
Confirmado el fallo, Camargo se verá obligado a pagar un año de prisión antes de recibir la libertad condicional, pues ya estuvo recluido durante 24 meses. Ahora la esperanza de sus apoderados es que se le conceda la detención domiciliaria con el fin de hacer más tolerable el tiempo que viene.
No hay duda de que el beneficio en cuestión se ha prestado para abusos en el pasado, pero en este caso está plenamente justificado. A fin de cuentas, se trata de alguien que se ha presentado a todas las citaciones y a quien propios y extraños le reconocen que no se robó un peso. Así lo señalaron en su momento la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, aparte de múltiples juristas y analistas.
Además, hay que considerar sus circunstancias familiares y su trayectoria laboral. En medio de tanta injusticia vale la pena solicitar un poco de justicia para alguien que ha vivido un verdadero calvario por haber creído en las bondades del servicio público.
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Mauricio Reina
Investigador asociado de Fedesarrollo
