Ricardo Ávila

Unas deudas por otras

Son numerosos los artículos polémicos incluidos en el proyecto de ley cuyo propósito es expedir el plan de desarrollo de la administración Duque.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
febrero 10 de 2019
2019-02-10 04:12 p.m.
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Son numerosos los artículos polémicos incluidos en el proyecto de ley cuyo propósito es expedir el plan de desarrollo de la administración Duque y que fue radicado en el Capitolio la semana pasada. Reformas de envergadura que en otras condiciones generarían polémica, pasan inadvertidas en muchos casos debido a la multitud de temas en el menú.

Sin embargo, hay iniciativas que ya despiertan controversia. Una de ellas es la de expedir títulos de deuda para el pago de los fallos que ha perdido el Estado y que, según las cuentas disponibles, superan los siete billones de pesos. Desde el punto de vista estrictamente financiero, la idea está respaldada por la lógica. Mientras se giran, las sentencias judiciales acumulan intereses de mora, hoy en día cercanas al 30 por ciento anual. En contraste, un Tes a 15 años de plazo hoy paga una rentabilidad que apenas supera el 7 por ciento anual.

Aun así, los críticos de la idea señalan que esto equivale a mezclar peras con manzanas. Bajo el precedente que se crearía, en el futuro podría usarse el mismo mecanismo a la hora de reconocer pasivos estatales. Aunque en el pasado la utilización de títulos públicos se ensayó en múltiples oportunidades, hay prácticas que no necesariamente pasarían ahora por el cedazo de la ortodoxia.

Adicionalmente, no faltan las preguntas con respecto a lo que pueden opinar las firmas calificadoras de riesgo para las cuales los indicadores de deuda mostrarán un deterioro inesperado. Dado el estrecho margen de las finanzas públicas y las preocupaciones con respecto al cumplimiento de la regla fiscal en el 2020, este asunto complica un poco más el panorama y da origen a nuevos cuestionamientos.

Debido a ello, el Ministerio de Hacienda está obligado a dar las explicaciones del caso, así su estrategia preferida en los últimos meses haya sido la del silencio casi absoluto. Tampoco estaría de más que el Congreso haga las preguntas del caso cuando llegue la hora del debate, a ver si se pone en blanco y negro lo que este cambio implica, con sus respectivos pros y contras.

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