En un país que exige a gritos el castigo de los responsables de los escándalos que disparan la percepción de que el flagelo de la corrupción se siente en todas las actividades y todos los rincones del territorio nacional, fue bien recibida la noticia según la cual la Fiscalía imputará cargos el próximo 7 de junio a ocho directivos de Reficar.
Como bien se sabe, el complejo de refinación de hidrocarburos ubicado en Cartagena es la iniciativa industrial de mayor envergadura en la historia del país, con un costo que superó los 8.000 millones de dólares, el doble de lo presupuestado a comienzos de esta década.
De acuerdo con el ente acusador, hay evidencias sobre desfalcos que ascenderían a 610.140 millones de pesos, algo más de 200 millones de dólares. Al hacer el anuncio, el titular del organismo señaló que la suma equivale a 18 veces lo pagado aquí por Odebrecht, la multinacional brasileña de la construcción, cuya estela de ‘coimas’ se extiende a una docena de naciones.
Falta conocer los detalles del caso construido por los investigadores dedicados a mirar las cuentas del proyecto. Faltan también los alegatos de los acusados que harán uso del legítimo derecho de defenderse, aportando pruebas con el fin de demostrar que sus actuaciones fueron correctas. Por tal motivo, vale la pena no apresurarse a condenar a quienes eventualmente serán llamados a juicio, pues la presunción de inocencia merece respetarse.
Mientras llega el momento de los tribunales, es posible destacar algunos elementos importantes sobre lo sucedido con un emprendimiento que ya opera a plena capacidad, pero que también está en la mira de la Contaduría y la Procuraduría. Es de suponer que en los próximos meses vendrán más revelaciones y que el tema ocupará otra vez los titulares de los diarios.
En lo que atañe a la Fiscalía, lo primero que salta a la vista es que la impresión de que en Reficar “se robaron” 4.000 millones de dólares no tiene fundamento, por lo menos todavía. Suponiendo que el monto del desfalco anotado se constate, hay 3.800 millones de dólares de costos adicionales que no serían objeto de un proceso penal, así en materia de responsabilidad fiscal se hable de sumas mayores.
Al respecto, hay que recordar que Ecopetrol adelanta una reclamación por 2.200 millones de dólares ante un tribunal de arbitramento con sede en Nueva York, en contra de CB&I, la contratista encargada de los trabajos. Desde hace años, la compañía estatal acumuló evidencias para demostrar que la constructora estadounidense le cargó la mano en las cuentas, por lo cual un reembolso sería justificable.
En consecuencia, la causa de que la cuenta final de la refinería supere con creces el cálculo inicial hay que buscarla en otro lado. A ese respecto la Fiscalía fijó ayer también su posición, al señalar dos momentos clave en la historia de la iniciativa, que acabaron determinando su suerte y que tuvieron lugar durante la administración de Álvaro Uribe.
El primero fue la salida del socio privado, una vez que la multinacional Glencore vendiera su participación tras una negociación a puerta cerrada. Que Ecopetrol quedara como único socio contradijo lo establecido en el Conpes que fijó la política al respecto.
El segundo error fundamental ocurrió cuando los términos del contrato con CB&I se reformaron y este pasó de ser llave en mano a uno de costos reembolsables. Lo sucedido después acabaría probando que los riesgos se invirtieron, con el desenlace conocido.
En conclusión, la Fiscalía no solo busca probar que hubo episodios de corrupción por valores que equivaldrían al 2,5 por ciento del costo del complejo industrial, sino que los cimientos quedaron mal puestos desde cuando se dio la orden de proseguir en la administración pasada. Ojalá esa película quede bien documentada, para que los colombianos entiendan por qué el desenlace de Reficar acabó siendo el que hoy genera tanta polémica.
Mauricio Reina
INVESTIGADOR FEDESARROLLO
