Ricardo Ávila
brújula

De sabios es rectificar

En un país acosado por la informalidad, hay que evitar la tentación de estrangular a los que hacen las cosas bien.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
septiembre 23 de 2018
2018-09-23 05:28 p.m.
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Para el ciudadano de a pie puede resultar difícil entender la trascendencia de la decisión que tomó la Corte Constitucional la semana pasada, al declarar la nulidad parcial de la sentencia T-733 del 2017. No obstante, para los especialistas es claro que se despejó una oscura nube que amenazaba la viabilidad de las actividades empresariales en Colombia.

Aunque tal afirmación puede sonar grandilocuente, la verdad es que era mucho lo que estaba en juego. Sobre el papel, la determinación mencionada afectaba solamente a Cerro Matoso, la planta que produce ferroníquel en inmediaciones de Montelíbano, en Córdoba. En realidad, el fallo original abrió un boquete que permitía que todo tipo de avivatos buscara indemnizaciones millonarias.

Ahora ese agujero ha quedado cerrado. Quien más lo lamentará es la firma de abogados que aspiraba a lucrarse del elevado porcentaje que le habría correspondido por cada reparación que fuera definida. Con respecto a las comunidades de la zona, la Corte señaló que se mantiene el amparo a los derechos fundamentales a la consulta previa, la salud y el disfrute de un medioambiente sano.

Puesto de otra manera, aquí acabó triunfando el interés general sobre el particular. Más allá de que en su momento se expresaran inquietudes sobre varios elementos de un pronunciamiento de 490 páginas de extensión, lo principal es que la absurda tesis de la condena “en abstracto” acabó siendo desechada por la sala plena.

Lo anterior no quiere decir que se deseche la normatividad que opera sobre las labores asociadas a la minería o el desarrollo de la infraestructura. De hecho, en la práctica se elevaron los estándares aplicables, algo que refleja las inquietudes de la ciudadanía con respecto a un número cada vez mayor de sectores.

Ahora, de lo que se trata es de defender que las reglas de juego sean buenas, con el fin de que el sector privado pueda saber qué terreno pisa. En un país acosado por la informalidad, hay que evitar la tentación de estrangular a los que hacen las cosas bien. La decisión de la Corte va precisamente en esa dirección.

ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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