Para el grueso del público, la expresión “mercado de capitales” suena lejana y confusa. Sin embargo, si a la ciudadanía se le explica que el buen funcionamiento de este puede incidir de manera directa en que la gente consiga préstamos más baratos o logre ahorrar en forma más segura y rentable con miras a un eventual retiro, cualquier persona presta atención.
En eso consiste la importancia de las recomendaciones de la Misión que se dedicó a estudiar el tema a lo largo de diez meses, las cuales fueron presentadas la semana pasada. Como bien lo señaló el profesor Roberto Rigobón, quien encabezó el grupo de expertos, “una mejora en el funcionamiento de los mercados financieros tiene impactos de primer orden en la calidad de vida de un país”.
El diagnóstico es descarnado. Sin desconocer que hoy es más fácil que antes encontrar fuentes de recursos de largo plazo o comprar papeles con vencimientos en la década que viene, el mensaje central es que el sistema todavía es poco competitivo, pues hay apenas un puñado de actores. También se critica la regulación por cuenta de duplicidades e inconsistencias, en lo cual la falta de una institucionalidad definida tiene mucho que ver.
De tal manera, los integrantes de la Misión hicieron medio centenar de recomendaciones que se agrupan en ocho acápites. Poner en marcha los consejos requeriría en algunos casos la expedición de un decreto. En otros, será necesario pasar por el Congreso, lo cual implica más desafíos.
Quizás el aspecto clave, desde el punto de vista de la arquitectura, es saber asignar funciones a diferentes entidades estatales. La formulación de la política pública quedaría en cabeza del Ministerio de Hacienda, mientras que la Superintendencia Financiera sería la única responsable de las labores de vigilancia. El esquema de autorregulación vigente tendría que ser sometido a cirugía, algo que no dejará de pisar callos.
A partir de ahí vienen llamados para distintos actores. Es interesante la opinión de que los inversionistas necesitan asumir mayores riesgos o que los administradores de portafolio requieren ser más profesionales. En el caso de las administradoras de fondos de pensiones, el planteamiento es que el régimen que las rige sea mucho menos regulado que el de ahora. La idea es audaz, sobre todo frente a la actitud de la Contraloría que quiere meter baza en el asunto, con el argumento de que allí hay recursos parafiscales.
Tampoco es tímida la propuesta de que hay que dinamizar las emisiones. La afirmación de que “titularizaciones de diferentes actividades sociales y privadas tienen que fomentarse, mercados de derivados deben desarrollarse (y) activos del Estado deben rentabilizarse”, es directa.
Lo anterior se suma a las aseveraciones sobre ineficiencias que se traducen en mayores costos para los usuarios del crédito o la falta de opciones. Decir que el esquema actual “fomenta la imitación” no es un señalamiento menor. Mantener el statu quo, en consecuencia, “va en detrimento del bienestar social”.
Ante las recetas propuestas, no faltan quienes señalan que parte de los problemas identificados ya estaban en trabajos previos. Por tal razón lo que es clave es comenzar la etapa de implementación, a sabiendas de que hay reformas fáciles y otras de marca mayor. En tal sentido, la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda está obligada a liderar la concreción de lo que viene.
Un elemento a favor de ese propósito es que aún le quedan tres años a la actual administración. La presencia de Iván Duque en el acto de entrega del informe envía un mensaje sobre la voluntad política de continuar la marcha. Ahora hay que proceder, con el concurso del sector privado, para que los colombianos entiendan que un mercado de capitales desarrollado, es sinónimo de bienestar.
