Entre los colombianos existe la idea de que hay una realidad en el país y otra la que muestra el Dane. Aunque desde hace décadas, los técnicos se han encargado de desvirtuar dicha apreciación a punta de defender el profesionalismo en la recolección y análisis de datos que maneja la entidad, hay eventos que vuelven a reactivar los prejuicios.
Así sucedió tras las declaraciones del director del Departamento Administrativo, quien en una presentación en el Congreso tendió un manto de duda respecto a algunas labores claves adelantadas durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El censo agropecuario, el de población o la evolución de la pobreza acabaron siendo cuestionados por el funcionario, que este martes se vio obligado a recoger parcialmente sus declaraciones.
Aunque no hay duda de que denunciar irregularidades es una de las obligaciones de cualquier empleado público, no faltan quienes señalan que aquí hay tela para cortar. Términos como “revanchismo” o “espejo retrovisor” son usados por aquellos que hablan de sindicaciones que necesitan fundamentarse.
De lo contrario, será la institución la que acabe pagando los platos rotos del escándalo. Erosionar la confianza en el Dane solo puede calificarse como un craso error que afecta un patrimonio colectivo. Aparte de que el país necesita más información, y no menos, con el fin de adoptar buenas decisiones, la credibilidad es un activo con el que no se debería jugar.
Debido a ello, lo que debería proceder en estos casos es acudir a instancias superiores. La conformación de una o varias comisiones de especialistas para que examinen la calidad de los informes presentados en el pasado reciente, podría ser una salida para zanjar esta discusión de una vez por todas.
Aparte de académicos de las principales universidades, valdría la pena contar con el concurso de organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Cepal y la Ocde. El buen nombre del Dane no puede depender de lo que diga la administración de turno.
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