Aquel conocido refrán según el cual ‘la justicia cojea, pero llega’, le cae como anillo al dedo a la condena proferida en contra del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Como es sabido, la sentencia de culpabilidad ya se había producido, pero solo este martes se supo la magnitud de la pena: 18 años de prisión.

El caso que motivó semejante castigo fue el de un contrato celebrado en el 2009 para la prestación del servicio de ambulancias en el Distrito Capital. El monto del negocio era de 67.203 millones de pesos, y las pruebas recabadas señalan que se pagaron sobornos y comisiones a diferentes personas.

Y el tema no ha terminado. Dos procesos más siguen su curso, por lo cual es previsible que la sanción en contra de Moreno sea todavía mayor, pues las evidencias lo dejan muy mal parado.

Así, poco a poco, van cayendo las fichas del llamado ‘carrusel de la contratación’ que buscó –y en más de una oportunidad logró– expoliar el patrimonio público. Lo visto hasta ahora comprueba que había una verdadera organización delincuencial con sede en el Palacio Liévano y ramificaciones en el Consejo y el Congreso. Una serie de empresarios privados, se convirtieron en parte de un engranaje perverso.

Ahora, lo que la sociedad exige son castigos ejemplares para quienes defraudaron la confianza depositada en ellos. Justo cuando la percepción sobre la corrupción en el país se deteriora, lo que procede es aplicar el Código Penal con el fin de enviar un mensaje de cero tolerancia hacia las prácticas venales.

Si bien las tácticas dilatorias ensayadas por la defensa de Moreno lograron dilatar una definición, lo importante es el resultado. Ojalá lo ocurrido en Bogotá sirva de ejemplo en otras jurisdicciones, a ver si esta sórdida historia no se repite nunca más.

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