Para aquellos que tenían todavía alguna duda con respecto a la dictadura de facto que existe en Venezuela, esa incertidumbre quedó despejada en la semana que termina. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia -controlado por el chavismo- de despojar de sus poderes a la Asamblea Nacional, constituye el puntillazo que sella el final de la independencia de los poderes públicos, requisito fundamental de la democracia.

Con razón la respuesta de la comunidad internacional fue mayoritariamente de rechazo. Así suene tímida, la determinación de varias capitales latinoamericanas de llamar a sus embajadores destacados en Caracas es un mensaje poderoso que posiblemente llevará a un aislamiento todavía mayor del Palacio de Miraflores.

Una primera prueba tendrá lugar en la OEA, cuyo secretario general desea invocar la Carta Democrática Interamericana expedida en el 2001. Aunque la entidad multilateral puede quedarse corta, es previsible que la presión aumente, tal como le sucedió en su momento a Alberto Fujimori cuando cerró el Congreso peruano durante los noventa.

Y los desafíos para la revolución bolivariana pueden ser mucho más complejos de resolver. No se trata tan solo de la censura política, sino de la posibilidad de que el margen de maniobra en materia económica se estreche todavía más. El alza en los precios del petróleo de los últimos meses no sirve para disimular una crisis que cada día que pasa aumenta su intensidad.

Basta recordar algunos datos básicos. La caída en el Producto Interno Bruto sigue, mientras la inflación podría pasar del mil por ciento este año. Según los datos disponibles, la reservas en poder del Banco Central apenas superan los 10.000 millones de dólares, una cifra cercana a los vencimientos de pagos de la deuda externa este año. A la luz de esa realidad, Maduro -que ha decidido quemar los puentes- está arriesgando, ahora sí, el todo por el todo.