Cuando a comienzos del año un informe de la Contraloría General reveló que el costo del proyecto industrial de Reficar podría superar 8.000 millones de dólares –más del doble de lo estimado antes de iniciar su construcción– el escándalo en el país fue mayúsculo.
Tanto los medios de comunicación como las redes sociales se llenaron de comentarios en los cuales la palabra corrupción apareció en innumerables ocasiones y más de uno describió lo sucedido como el robo ‘más descarado’ en la historia.

Ante la avalancha, los representantes de la empresa cartagenera y de Ecopetrol –su único dueño– trataron de pedir calma. En pocas palabras, su planteamiento es que había una reclamación en proceso en contra del principal contratista de la iniciativa, la compañía estadounidense CB&I. No obstante, en momentos en que faltaban algunos trabajos por entregar, se consideró inconveniente hacer uso de los recursos más extremos.

Pero ahora que la refinería lleva casi cinco meses desde que comenzó operaciones de forma gradual y los hitos más críticos del complejo se han completado con éxito, llegó la hora de exigir reparaciones. Así se desprende de la información según la cual la firma colombiana decidió hacer uso del mecanismo de convocatoria de un tribunal de arbitramento, tras haber agotado la etapa de la negociación directa.

En números gruesos, la suma en discusión es de 2.000 millones de dólares, una cuarta parte del valor de la obra. Semejante suma se descompone en capítulos que serán examinados por los tres árbitros que tendrán como sede de discusión la ciudad de Nueva York, bajo el paraguas de la Cámara de Comercio Internacional.

Según quienes saben del tema, Reficar cuenta con las pruebas necesarias para alegar diferentes incumplimientos. Estos incluyen demoras y costos no razonables en la ingeniería; programación de trabajos deficiente e inadecuada; baja productividad en todos los frentes; manejo deficiente de materiales y de áreas de almacenamiento; problemas en el proceso de compra de bienes y equipos; pobre gerencia de proveedores, y errores en administración, control y cierre de subcontratos.

A lo anterior se agrega el manejo inadecuado de las relaciones laborales y retrasos injustificados en la terminación mecánica del conglomerado. No menos inquietante es el argumento de que hubo costos no razonables en la fabricación de módulos fabricados en las instalaciones de CB&I, ubicadas en Texas.

En los documentos recabados queda claro que la causa principal del desfase entre el presupuesto inicial y el final resultó ser el cálculo de horas persona necesarias para la construcción. Las cuentas originales hablaban de 30 millones de horas, pero esta suma acabó siendo cuatro veces mayor, con lo cual solo los costos laborales ascendieron a unos 4.000 millones de dólares.

Todo indica que en sus descargos la sociedad norteamericana dirá que lo sucedido fue el resultado de eventos fortuitos, como la ola invernal o la propia huelga de trabajadores que derribó el ritmo de avance de los trabajos. A lo anterior se sumarán los cambios en el alcance original del proyecto, por los cual CB&I insistirá en su inocencia y tratará de reintegrar lo menos posible.

Dadas las cantidades involucradas y la complejidad técnica de la discusión, es de imaginar que el veredicto de los árbitros se demorará varios meses. Pero, incluso si Ecopetrol consigue todo lo que quiere, es evidente que nunca volverá a los cerca de 4.000 millones de dólares originales, sino a 6.000 en el mejor de los casos. Sin embargo, la tasa interna de retorno de la inversión hecha, mejoraría de forma significativa.

Pero no vale la pena apresurarse a hacer las cuentas de la lechera. Lo que viene es un camino arduo, cuyo destino es incierto. Mientras la decisión final se conoce, hay que incorporar las lecciones aprendidas para que las equivocaciones cometidas no se repitan jamás.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto